- Editorial -
Red de impunidad en Españita, el caso de Carolina Martínez
La agresión contra Carolina Ramírez Martínez, ex trabajadora del municipio de Españita, muestra la operación sistemática de la violencia de género en Tlaxcala: el acoso sexual bajo el manto del poder de un funcionario, la criminalización en el espacio laboral y público, el despido injustificado de la trabajadora tras denunciar, las amenazas y la agresión que, en este caso, pudo constituir homicidio por parte de un grupo de mujeres contra otra por razones de género, todo bajo la mirada pasiva de las autoridades y presidente municipal, José González Guarneros

Desde marzo, Carolina Ramírez denunció el acoso sexual, las amenazas y el uso del poder del primer regidor de Españita, Óscar Ávila Portillo. Ahora, tras los hechos del pasado sábado el "se los dijimos" se vuelve a escuchar en este esquema de impunidad en los casos de agresiones y homicidios contra mujeres. 

En la rueda de prensa que convocaron las activistas de las organizaciones Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género y Todos para Todos, la ex diputada Eréndira Jiménez Montiel dejó entrever esa nueva expresión del homicidio por razones de género a través de la violencia de otras mujeres defendiendo el esquema patriarcal y de una sociedad que sigue estigmatizando a las mujeres que denuncian. 

Esto choca con el reclamo que la activista Rosi Orozco, durante su visita a Tlaxcala, hizo al señalar que el delito de trata de personas se mantiene, entre otras cosas, porque las víctimas no denuncian y que, si se quiere combatir y erradicar el delito, las mujeres deben denunciar.
 
Ese llamado falla en lo fundamental al omitir, primero, la responsabilidad del estado para asegurar un sistema de denuncia y acceso a la justicia eficiente, con la activación de acciones de protección y la garantía de que no habrá impunidad contra las redes de trata de personas o cualquier otra agresión a la vida, la libertad y los derechos humanos. 
 
Estigmatizada por denunciar, señalada en la comunidad y el espacio laboral, el caso de Carolina muestra las fallas en la administración pública que las organizaciones civiles siempre han visibilizado. 

Ahora, falta que las autoridades retomen el caso, investiguen y sancionen a los implicados por acción u omisión, y el caso de Carolina sirva de punto de partida para indicar que no habrá impunidad en los casos de violencia de género. 
 
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