- Editorial -
Sanciones a funcionarios
Ayer el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) ordenó al cabildo del municipio de Apizaco amonestar al presidente municipal Julio César Hernández Mejía por realizar actos proselitistas a favor de Ricardo Anaya en tiempo laboral y con recursos públicos. La decisión del TET marca la pauta para advertir sobre la necesidad de separar las aspiraciones político-electorales de las funciones administrativas y sociales que deben ser apartidistas. El coordinador de campaña en Tlaxcala del candidato de la coalición Por México al Frente había señalado que respetaría los tiempos de la administración pública de los tiempos electorales en esa línea delgada que debería estar prohibida. Con esta advertencia se pone de manifiesto un problema de fondo en todas las administraciones municipales y estatales del país, sobre el uso del dinero público para fines electorales; lo mismo sucede con el tema de la reelección de los diputados y el uso de su posición para promocionarse colocando en evidente desventaja a sus contrincantes. En este contexto, es necesario dividir funciones y aspiraciones a fin de evitar suspicacias naturales, y es que en el momento en el que un alcalde es electo su aspiración político-electoral se diluye para centrarse en su función social cuyo objetivo está enfocada al bien común, sin distracción política ni mucho menos sin desviar la función a favor de un candidato.
 
¿Cuanto han gastado los candidatos por #Tlaxcala al Senado y a la Cámara de Diputados?

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