La SEP deberá entregar documentos de licitación pública relacionados con compra de computadoras.
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Zona Crítica
04/Ago/2014

TRANSPARENCIA
 

Los documentos forman parte del procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado contra Grupo Mercantil Te Prestamos, S. A. de C.V., por incumplir con el contrato correspondiente
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregar los documentos relacionados con la licitación pública OA-011000999-I559-2013, para la compra de 240 mil computadoras, los cuales son parte del procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado contra Grupo Mercantil Te Prestamos, S. A. de C.V., por incumplir con el contrato correspondiente.
 
Asimismo, deberá proporcionar la resolución dictada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a dicho procedimiento.
 
La SEP reservó esa información por un periodo de tres años, argumentando que se encuentra inmersa en un juicio de nulidad a cargo de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), razón por la cual el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI.
 
Posteriormente, la dependencia señaló que la información también se encontraba reservada, en razón de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le notificó la orden para llevar a cabo la auditoría número 235, denominada "Laptops para Niños que Cursan 5to. y 6to. Grado de Primaria".
 
Precisó que el propósito de la auditoría es fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa U077 se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y  de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
 
Sin embargo, al analizar el caso, la comisionada ponente, Ximena Puente de la Mora, concluyó que la reserva de la información invocada por la SEP es improcedente.
 
Señaló que toda la información relacionada con contrataciones celebradas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal es de carácter público y su difusión constituye una acción a partir del cual se transparenta la gestión pública y se favorece la rendición de cuentas.
 
La comisionada presidenta dijo que no se advierte cómo la difusión de dicha información puede entorpecer o detener la labor del TFJFA, sobre todo, cuando se trata de resolver si es legal la resolución derivada de un procedimiento de responsabilidades iniciado por el probable incumplimiento de un contrato.
 
Asimismo, dijo, no se comprobó la existencia de un procedimiento deliberativo y que los iniciados que dieron origen a la información requerida ya concluyeron, es decir, el de la licitación (con la emisión del fallo y la firma del contrato) y el de responsabilidades administrativas (con la resolución de la SFP).
 
Finalmente, determinó que si bien los documentos solicitados constituyen el insumo principal del procedimiento deliberativo que, en su caso, llevará a cabo la ASF, lo cierto es que éstos no contienen opiniones, recomendaciones o deliberaciones de servidores públicos.
 
Por tanto, el Pleno del IFAI resolvió revocar la respuesta de la SEP y le instruyó entregar al recurrente los documentos de su interés.
 
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