SEDENA deberá transparentar sobre la ubicación del avión de Peña de 6 mil 700 millones
ASF detectó que no se contó con los elementos técnicos y económicos suficientes para acreditar la selección y adquisición de la aeronave
28/Jun/2015

TRANSPARENCIA
 

El Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a entregar
copia de la documentación que dé cuenta sobre dónde ha estado el que será el
nuevo avión presidencial, así como las ciudades, fechas y responsables de la
aeronave. El sujeto obligado no podrá omitir entregar el documento que dé cuenta
de la recepción y partida de la aeronave de fecha 09 de octubre de 2014.



A la solicitud de esta
información por parte de un particular, la SEDENA se declaró incompetente para
proporcionarla y orientó al interesado a dirigir su petición al Banco Nacional
de Obras y Servicios (BANOBRAS), razón por la que el solicitante se inconformó
ante el INAI. 



En el análisis del
caso, la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez concluyó que la SEDENA es
competente para responder, pues además de ser el usuario final de la aeronave,
también es la institución responsable de la inspección y supervisión técnica
del contrato. 



Por otra parte, de
acuerdo con declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes
federal, retomadas por diversos medios de comunicación, el avión presidencial
arribó a territorio nacional el 9 de octubre de 2014, permaneció unas horas en
la base militar número 1 en Santa Lucia, Estado de México, y regresó a Estados
Unidos para continuar con su equipamiento. Por tanto, la SEDENA debe tener
constancia de la fecha y la ubicación de arribo por ser el responsable de supervisar
las pruebas realizadas en sus instalaciones. 



En julio de 2012,
SEDENA presentó el proyecto de adquisición del nuevo avión presidencial,
argumentando que la actual aeronave cumpliría 27 años de servicio. El avión en
proceso de adquisición, según información de la empresa productora, brindará
mayor eficiencia en su operación debido a que por su velocidad y ahorro de
combustible le permite usar 20% menos de carburante que cualquier otro avión de
su tamaño en trayectos similares.



La Auditoría Superior
de la Federación halló en la Cuenta Pública de 2012 que no se contó con los
elementos técnicos y económicos suficientes para acreditar la selección y
adquisición de la aeronave, y que siete meses antes de presentarse el análisis
costo-beneficio, ya habían iniciado las negociaciones entre SEDENA, BANOBRAS,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la empresa proveedora. 



Con un costo de 6 mil
700 millones de pesos,  la aeronave
Boeing 787-7 Dreamliner fue adquirida con un esquema de arrendamiento a pagar
en 15 años, el cual será liquidado por una partida presupuestal administrada
por BANOBRAS y aprobada por el Congreso. 



El comisionado ponente,
Joel Salas Suárez apuntó que el costo del avión ubica a este caso en la mira
pública, por lo que las instituciones deben de ser sensibles a las demandas de
transparencia y rendición de cuentas.



“La transparencia y el
acceso a la información pública son vías para que las instituciones públicas
comprueben que cumplen con sus obligaciones, garantizando en todo momento el
derecho de la población a saber. Tratándose del avión presidencial es natural
que atraiga la atención pública, lo cual ofrece a la autoridad una oportunidad
para demostrar que entiende su papel en el proceso”, concluyó.

 
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