Periodismo social, político y de investigación.
Tlaxcala, con mayor violencia económica a mujeres
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31/Mar/2016
Guadalupe Salas
La violencia contra las mujeres no sólo implica golpes o abuso sexual, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta es la definición de la violencia contra las mujeres:
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

En México, 60 de cada 100 mujeres declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, informó la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez.
Pero si hablamos de violencia económica, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, dos de cada 10 mujeres en México (24.5%) han sufrido este tipo de violencia; es decir, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes.
En cambio la violencia patrimonial, la han vivido el 3.9% de las mujeres de 15 años y más.

Esta agresión se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores; derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer. 

Las mujeres casadas o que alguna vez lo fueron son quienes más han sufrido este tipo de violencia (7.9%).
La entidad con mayor violencia patrimonial es Baja California (5%), que también es el estado donde las mujeres solteras tienen la más alta prevalencia de este tipo de violencia (2.9%) a nivel nacional.
Las mujeres alguna vez unidas son las más afectadas. El porcentaje mayor lo tiene Tlaxcala (10.8%), seguido de Baja California Sur (10.7%) y Morelos y Nayarit (10.6% para ambos). 

Lo cierto es que según indicadores de esta misma encuesta, la violencia económica en México descendió de 2003 a 2011, pues en 2003 5.7 millones de mujeres de 15 años y más reportaron al menos un incidente de este tipo de violencia en los últimos 12 meses; en tanto, en 2011, 4.2 millones de mujeres alegaron sufrir violencia económica.
La presidenta de Inmujeres explicó que algunas féminas están “paralizadas” ante la violencia, ya que en muchas ocasiones los agresores son “muy inteligentes” y empiezan paulatinamente a mermar su autoestima.
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EDITORIAL

Crisis migratoria


Con la llegada de Trump a la Casa Banca las políticas migratorias de, al menos, México y Estado Unidos se converten en sendos manifiestos xenofóbicos. 

 Aunque el discurso achaca todos los males al empresario republicano, la responsabilidad de la crisis migratoria apunta mayoritariamente al sistema de gobierno mexicano y las crisis democráticas de los países de América Latina. 

 Más aún, la migración es un juego perverso del sistema capitalista para hacer mano de obra barata, con escasos derechos laborales y subsumida en la rutina de las modernas tiendas de raya, solo que a gran escala y con la paradisiaca iluminación de sus aparadores. 

Donald Trump prometio la repatriación inmediata de 3 millones de migrantes como el primer objetivo a cumplir de su promesa de campaña; la medida asegurará, en términos de la coloquial política de Trump, que esos empleos los ocupen los desempleados blancos. 

La crisis de las democracias latinoamericanas comparten con la crisis del sistema de la democracia capitalista, son su reflejo y, en menor escala, su destino. 

 Además, América Latina combate con un pasado de dependencia e intervención: control de la soberanía y, ahora, alineación del dogma de la producción a bajo costo, acumulación y mercado. 

 Más allá de los temores que el discurso oficial vierte para no pensar o entrarle a nuevos modos de gobernanza, producción o relaciones sociales diferentes a los impuestos, la responsabilidad del actual gobierno es la de defender la soberanía nacional aún inscrita en los artículos constitucionales y salvaguardar la dignidad contra los atavismos y las vueltas al pasado de, ojala no suceda, los Santa Ana o los Díaz.



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