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Nombran comisión especial para evaluar a magistrado del TSJE
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31/Mar/2016
Iván Muñoz Pérez
Esta tarde el Congreso del Estado integró la comisión especial que evaluará al magistrado de plazo por cumplir Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a fin de definir si es ratificado o no en el cargo por un periodo más. 

El proyecto, presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política, y aprobado por mayoría de votos en sesión ordinaria, integró la comisión con los diputados Salvador Cote Pérez en la presidencia, y los vocales Iván Cuatepantepac, Efraín Flores Canales, Juan Ascención Calyecac Cortero y Baldemar Alejandro Cortés Meneses, quienes antes del mes de junio deberán emitir el dictamen.

El magistrado asumió funciones en junio de 2010, por lo que el mismo mes de este año deberá dejar el cargo, al menos que la LXI Legislatura lo ratifique por otro periodo de seis años. 

Empero, Ángel Francisco Flores Olayo ya rebasó la edad límite establecida en el artículo 79 de la Constitución Política local, que establece los 65 años como edad máxima para ocupar los cargos de magistrados. 

Del mismo modo, en la sesión ordinaria de hoy, los diputados reformaron los acuerdos aprobados el 31 diciembre de 2013 y del 5 de enero de 2016, con el objeto de integrar al diputado José Antonio Morales Morales al Comité de Administración del Congreso, en representación del Partido Alianza Ciudadana (PAC). 

Con 18 votos a favor y 9 en contra, además de los improperios de Evangelina Paredes Zamora quien se opuso a los acuerdos, la LXI Legislatura ratificó a Lincoln Rodríguez Rodríguez y a José Antonio Morales como coordinador e integrante, respectivamente, de la fracción parlamentaria del PAC.
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EDITORIAL

Crisis migratoria


Con la llegada de Trump a la Casa Banca las políticas migratorias de, al menos, México y Estado Unidos se converten en sendos manifiestos xenofóbicos. 

 Aunque el discurso achaca todos los males al empresario republicano, la responsabilidad de la crisis migratoria apunta mayoritariamente al sistema de gobierno mexicano y las crisis democráticas de los países de América Latina. 

 Más aún, la migración es un juego perverso del sistema capitalista para hacer mano de obra barata, con escasos derechos laborales y subsumida en la rutina de las modernas tiendas de raya, solo que a gran escala y con la paradisiaca iluminación de sus aparadores. 

Donald Trump prometio la repatriación inmediata de 3 millones de migrantes como el primer objetivo a cumplir de su promesa de campaña; la medida asegurará, en términos de la coloquial política de Trump, que esos empleos los ocupen los desempleados blancos. 

La crisis de las democracias latinoamericanas comparten con la crisis del sistema de la democracia capitalista, son su reflejo y, en menor escala, su destino. 

 Además, América Latina combate con un pasado de dependencia e intervención: control de la soberanía y, ahora, alineación del dogma de la producción a bajo costo, acumulación y mercado. 

 Más allá de los temores que el discurso oficial vierte para no pensar o entrarle a nuevos modos de gobernanza, producción o relaciones sociales diferentes a los impuestos, la responsabilidad del actual gobierno es la de defender la soberanía nacional aún inscrita en los artículos constitucionales y salvaguardar la dignidad contra los atavismos y las vueltas al pasado de, ojala no suceda, los Santa Ana o los Díaz.



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