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Conmina CNDH al Congreso analizar norma sobre uso excesivo de penas prolongadas en prisión
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05/Abr/2016
Iván Muñoz Pérez

La Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) remitió al Congreso del Estado dos pronunciamientos sobre la Racionalización de la Pena en Prisión y sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las personas internas en los centros penitenciarios.

 

Lo anterior, después de que la CNDH informara sobre el excesivo uso de penas largas en prisión y un informe sobre violación del derecho a la salud de los internos en todos los centros penitenciarios del país.

 

El documento de 79 páginas refiere que aunque se “reconoce la necesidad de sancionar con mayor severidad determinados delitos considerados como graves”, la CEDH considera que “atentan contra el principio fundamental de reinserción social, ya que privan de cualquier esperanza de libertad en virtud de que, además, anulan la posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio de libertad anticipada convirtiéndose en una especie de sentencia a muerte en reclusión para el interno”.

 

El pronunciamiento indica que el Código Penal para el Estado de Tlaxcala establece una pena máxima de 70 años de prisión y la figura de una sucesiva compurgación de penas de prisión dictada en diferentes causas penales, lo que implica permanecer en la cárcel más de 100 años.

En cambio, los códigos penales de Baja California, Colima, Tabasco y Michoacán tienen penas de 50 a 40 años; mientras que Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Tlaxcala y Guerrero establecen penas de 60 a 110 años o prisión vitalicia.

 

El ombudsman nacional enumera los efectos de las condenas largas: impide la inserción social, producen un efecto desocializador, deteriora la salud mental del sentenciado y la pena se convierte en indeterminada, lo que viola los artículos 1, 18 y 22 de la Constitución política mexicana.

Por otro lado, la CNDH remitió la recomendación No. 13/2016 para proteger y garantizar el derecho a la salud de los internos en los centros penitenciarios de Tlaxcala, después de los hechos ocurridos en el centro de readaptación federal de Tepic Nayarit, en el que no se proporcionó atención médica a un interno enfermo de cáncer de hígado.

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EDITORIAL

Crisis migratoria


Con la llegada de Trump a la Casa Banca las políticas migratorias de, al menos, México y Estado Unidos se converten en sendos manifiestos xenofóbicos. 

 Aunque el discurso achaca todos los males al empresario republicano, la responsabilidad de la crisis migratoria apunta mayoritariamente al sistema de gobierno mexicano y las crisis democráticas de los países de América Latina. 

 Más aún, la migración es un juego perverso del sistema capitalista para hacer mano de obra barata, con escasos derechos laborales y subsumida en la rutina de las modernas tiendas de raya, solo que a gran escala y con la paradisiaca iluminación de sus aparadores. 

Donald Trump prometio la repatriación inmediata de 3 millones de migrantes como el primer objetivo a cumplir de su promesa de campaña; la medida asegurará, en términos de la coloquial política de Trump, que esos empleos los ocupen los desempleados blancos. 

La crisis de las democracias latinoamericanas comparten con la crisis del sistema de la democracia capitalista, son su reflejo y, en menor escala, su destino. 

 Además, América Latina combate con un pasado de dependencia e intervención: control de la soberanía y, ahora, alineación del dogma de la producción a bajo costo, acumulación y mercado. 

 Más allá de los temores que el discurso oficial vierte para no pensar o entrarle a nuevos modos de gobernanza, producción o relaciones sociales diferentes a los impuestos, la responsabilidad del actual gobierno es la de defender la soberanía nacional aún inscrita en los artículos constitucionales y salvaguardar la dignidad contra los atavismos y las vueltas al pasado de, ojala no suceda, los Santa Ana o los Díaz.



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