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El IAIP Tlaxcala presenta dos demandas de inconstitucionalidad contra los decretos 217 y 221 que fueron aprobados por la LXI Legislatura.
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08/Jun/2016


El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala) ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos demandas de acción de inconstitucionalidad contra los decretos 217 y 221 que fueron aprobados por la LXI Legislatura.

 

Una vez que el Consejo General del Instituto analizó las disposiciones de dicha legislación para verificar su armonización con la Ley General de Transparencia, el Pleno del Instituto advirtió que algunas contravienen los principios de acceso a la información y transparencia, previstos en la Constitución, por lo que, en la vigésima tercera sesión ordinaria, aprobó el acuerdo para impugnarlas ante la Suprema Corte.

 



Con fundamento a lo establecido en el artículo 36 facción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala que a la letra dice “El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las atribuciones para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el congreso del Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”.

 

La demanda en contra del decreto 217 fue presentada el 30 de mayo del año en curso, ya radicada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con el expediente: Acción de Inconstitucionalidad 40/2016.

 

La demanda de acción de inconstitucionalidad contra el decreto 221 fue presentada por el IAIP TLAXCALA el 06 de junio, en esta última se impugnaron siete puntos medulares: EL PRIMERO: Relativo a la invasión de competencia reservada para el Estado de Tlaxcala; SEGUNDO: Por una omisión legislativa respecto a la armonización de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; TERCERO: La Existencia de una laguna técnica en la regulación del Consejo Consultivo del Órgano Garante; CUARTO: Existencia de una antinomia abstracta entre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala con la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; El QUINTO: Relativo a la violación al derecho de protección de Datos Personales; SEXTO: Por violación a la autonomía financiera del Órgano Garante; y SÉPTIMO: Por la violación a la protección Judicial.





Finalmente, el Instituto muestra su compromiso con la sociedad Tlaxcalteca para salvaguardar su derecho humano del acceso a la información pública y estará pendiente de las resoluciones por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.

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EDITORIAL

Crisis migratoria


Con la llegada de Trump a la Casa Banca las políticas migratorias de, al menos, México y Estado Unidos se converten en sendos manifiestos xenofóbicos. 

 Aunque el discurso achaca todos los males al empresario republicano, la responsabilidad de la crisis migratoria apunta mayoritariamente al sistema de gobierno mexicano y las crisis democráticas de los países de América Latina. 

 Más aún, la migración es un juego perverso del sistema capitalista para hacer mano de obra barata, con escasos derechos laborales y subsumida en la rutina de las modernas tiendas de raya, solo que a gran escala y con la paradisiaca iluminación de sus aparadores. 

Donald Trump prometio la repatriación inmediata de 3 millones de migrantes como el primer objetivo a cumplir de su promesa de campaña; la medida asegurará, en términos de la coloquial política de Trump, que esos empleos los ocupen los desempleados blancos. 

La crisis de las democracias latinoamericanas comparten con la crisis del sistema de la democracia capitalista, son su reflejo y, en menor escala, su destino. 

 Además, América Latina combate con un pasado de dependencia e intervención: control de la soberanía y, ahora, alineación del dogma de la producción a bajo costo, acumulación y mercado. 

 Más allá de los temores que el discurso oficial vierte para no pensar o entrarle a nuevos modos de gobernanza, producción o relaciones sociales diferentes a los impuestos, la responsabilidad del actual gobierno es la de defender la soberanía nacional aún inscrita en los artículos constitucionales y salvaguardar la dignidad contra los atavismos y las vueltas al pasado de, ojala no suceda, los Santa Ana o los Díaz.



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