Periodismo social, político y de investigación.
Firman convenio de colaboración el TSJE y la Universidad Iberoamericana
Pactan contribución en proyectos académicos
20/Oct/2016
Zona Crítica
La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez y el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font, firmaron un convenio de colaboración para contribuir a la creación de proyectos académicos.

Reunidos en la Ibero Puebla, el convenio tiene como objeto establecer las bases y lineamientos para otorgar al personal adscrito al TSJE, apoyos y descuentos para participar en los programas de educación continua, posgrados, capacitación y consultoría en general. 

El convenio establece que la Ibero está interesada en desarrollar programas de colaboración bilateral con el TSJE, así como promover actividades de carácter sociocultural. 

La Presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, recordó que en este momento las judicaturas del país enfrentan un reto importante al cambiar paradigmas en el proceso penal, mercantil, solución de controversias de manera amigable, sin llegar a la judicialización, a través de la justicia restaurativa. 

 “En la administración de justicia, la sociedad quiere que se le rindan cuentas de manera detallada, espera resultados y solución de conflictos de una manera pronta, efectiva y en todas las características y virtudes que dice la Constitución nacional”, expresó.

Y agregó: “ante estos retos, el Poder Judicial de Tlaxcala no puede permanecer ajeno al compromiso de que los funcionarios judiciales estén a la vanguardia en todos los conocimientos jurídicos, de ahí que se buscó el acercamiento con la Universidad Iberoamericana”. 

En su oportunidad, el rector de esta casa de estudios, Fernando Fernández Font, refirió que el convenio permitirá vinculación con el TSJE para abrirse en temas relacionados con la aplicación de leyes, impartición de justicia, etcétera. 

 “Toda su experiencia, toda la práctica que tienen, todos los problemas a los que se enfrentan, todas las formas de solucionar los retos jurídicos, a nosotros nos va a iluminar para seguir reflexionando, porque a eso nos dedicamos al 100 por ciento”, indicó. 

Como testigos de honor de dicho convenio firmaron la presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala, María Sofía Margarita Ruiz Escalante y el Coordinador Académico de la Licenciatura en Derecho y los Posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, José Antonio Bretón Betanzos.
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EDITORIAL

Crisis migratoria


Con la llegada de Trump a la Casa Banca las políticas migratorias de, al menos, México y Estado Unidos se converten en sendos manifiestos xenofóbicos. 

 Aunque el discurso achaca todos los males al empresario republicano, la responsabilidad de la crisis migratoria apunta mayoritariamente al sistema de gobierno mexicano y las crisis democráticas de los países de América Latina. 

 Más aún, la migración es un juego perverso del sistema capitalista para hacer mano de obra barata, con escasos derechos laborales y subsumida en la rutina de las modernas tiendas de raya, solo que a gran escala y con la paradisiaca iluminación de sus aparadores. 

Donald Trump prometio la repatriación inmediata de 3 millones de migrantes como el primer objetivo a cumplir de su promesa de campaña; la medida asegurará, en términos de la coloquial política de Trump, que esos empleos los ocupen los desempleados blancos. 

La crisis de las democracias latinoamericanas comparten con la crisis del sistema de la democracia capitalista, son su reflejo y, en menor escala, su destino. 

 Además, América Latina combate con un pasado de dependencia e intervención: control de la soberanía y, ahora, alineación del dogma de la producción a bajo costo, acumulación y mercado. 

 Más allá de los temores que el discurso oficial vierte para no pensar o entrarle a nuevos modos de gobernanza, producción o relaciones sociales diferentes a los impuestos, la responsabilidad del actual gobierno es la de defender la soberanía nacional aún inscrita en los artículos constitucionales y salvaguardar la dignidad contra los atavismos y las vueltas al pasado de, ojala no suceda, los Santa Ana o los Díaz.



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