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Fiscalización en Tlaxcala
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20/Mar/2017

Aunque se avanza en la construcción del andamiaje jurídico para la transparencia a través del Sistema Nacional Anticorrupción falta un largo trecho para que exista una cultura de rendición de cuentas y en los hechos esta se vuelva una actividad cotidiana. 

 Los escándalos sobre el uso de dinero público utilizado por administraciones municipales anteriores como el caso de Chiautempan, San Pablo del Monte, Calpulalpan y Zacatelco por mencionar algunos de las 11 entidades a las que la Auditoría Superior de la Federación revisará el ejercicio fiscal de 2016 no es un asunto menor. 

Se conoce que recientemente el Organo de Fiscalización del Congreso del Estado ha impedido la recepción de información de algunos municipios que aún con una sanción están obligados a presentar su documentación, pues aunque de forma extemporánea no están exentos de transparentar el destino de los recursos públicos, donde incluso si no es al congreso, el propio ministerio público podría realizar la recepción. 

Esto lanza una alerta al propio organismo fiscalizador local sobre la forma en que ha sometido al escrutinio las cuentas públicas y más por la existencia de denuncias penales sobre la simulación de reintegración de recursos que ya emitió el máximo órgano fiscalizador para Tlaxcala.
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EDITORIAL

Reemplacamiento obligado

El reemplacamiento que pretendió imponer el gobierno anterior en el año 2015 fue desechado ante la imposibilidad de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, Secretaria de Planeación y Finzanzas y de la Consejería Jurídica para encontrar el fundamento legal que lo permitiera y por ende el cobro de un impuesto más a los dueños de vehículos.

Por tal motivo el congreso del estado no autorizó el presupuesto para comprar esas placas. 

Se exhibió en el pleno del congreso local que ninguna norma estatal y mucho menos federal autoriza ningún remplacamiento vehicular ni siquiera cada sexenio. Con todo y esto el exgobernador puso en marcha dos canjes de placas irregulares en su periodo. 

Tema aparte fue el negocio que ya se había realizado con la empresa que imprimió las placas, las cuales ya se habían entregado en forma adelantada aún sin contar con el presupuesto aprobado por el congreso . 

En ese momento tanto el actual gobernador como el ex secretario de gobierno y seguro presidente del PRI, fungían como diputados y conocieron del asunto que escaló al dominio público. 

El actual titular de la Coordinación General de Ecologia no fue ajeno a este debate pues en la anterior legislatura fungía como secretario técnico del diputado del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto está claro que conocen que los cobros por reemplacamiento no tienen fundamento legal.

Por ello, se concibe que ahora pongan como condición a los propietarios de vehículos un cambio de placas obligatorio para que puedan ser verificados sus automóviles. 

Se ha generado un daño irreversible a la economía de los tlaxcaltecas quienes han realizado el pago, a quienes se les ha impuesto una multa por el retraso en la verificación y a los que han caído en manos de los coyotes para afiliar los trámites.



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