Periodismo social, político y de investigación.
Fiscalización en Tlaxcala
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20/Mar/2017

Aunque se avanza en la construcción del andamiaje jurídico para la transparencia a través del Sistema Nacional Anticorrupción falta un largo trecho para que exista una cultura de rendición de cuentas y en los hechos esta se vuelva una actividad cotidiana. 

 Los escándalos sobre el uso de dinero público utilizado por administraciones municipales anteriores como el caso de Chiautempan, San Pablo del Monte, Calpulalpan y Zacatelco por mencionar algunos de las 11 entidades a las que la Auditoría Superior de la Federación revisará el ejercicio fiscal de 2016 no es un asunto menor. 

Se conoce que recientemente el Organo de Fiscalización del Congreso del Estado ha impedido la recepción de información de algunos municipios que aún con una sanción están obligados a presentar su documentación, pues aunque de forma extemporánea no están exentos de transparentar el destino de los recursos públicos, donde incluso si no es al congreso, el propio ministerio público podría realizar la recepción. 

Esto lanza una alerta al propio organismo fiscalizador local sobre la forma en que ha sometido al escrutinio las cuentas públicas y más por la existencia de denuncias penales sobre la simulación de reintegración de recursos que ya emitió el máximo órgano fiscalizador para Tlaxcala.
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EDITORIAL

¿Venganza o desquitanza en el Congreso?

En esta semana diversos medios de comunicación locales, reportaron la misma noticia: “Por coqueta remueven de la Mesa Directiva del Congreso a diputada del PRD”, “Truenan a perredista simpatizante de AMLO de Mesa Directiva”, “Amaro cumple sus amenazas y corre a Floria de la Mesa Directiva”. 

El hecho tiene relevancia porque a la diputada local en cuestión fue depuesta del cargo que ocupaba en la Mesa Directiva del Congreso sin haber cometido ninguna violación al reglamento Interior del Congreso, ni faltar a alguna de sus responsabilidades legislativas, sino por el señalamiento de sus correligionarios de cometer traición al partido que la llevo por la vía plurinominal al cargo de Diputada Local que hoy ocupa, al manifestar públicamente su apoyo al precandidato de otro partido. 

El hecho es uno más de los excesos en los que ha incurrido el Congreso Local y cada uno de los Diputados que con su voto concretaron la destitución de la Mesa Directiva de la mencionada diputada, lo novedoso es que dicha remoción se había anunciado como una amenaza y se cumplió con la complicidad de “débil” Presidente y de la propia Junta de Coordinación y Concertación Política. 

Algunos acostumbran decir que en los detalles está el demonio. En este caso que parece intrascendente para la política local y que concierne solo a los militantes de un partido, se manifiesta lo más reprobable de la política local, como es el uso caciquil del poder público para concretar una venganza, o para infringir un castigo injurioso por la forma en que se ha concretado. 

Muchas dudas surgen ante este hecho: ¿El Congreso ha cedido a la política de presión y de chantaje del líder tianguista hoy diputado Alberto Amaro para concederle los caprichos que se le ocurran?, ¿Este es el primer acto nefasto del llamado Frente Amplio Opositor en el Congreso del estado?, ¿El hecho se enmarca en violencia política de género?

 Lo cierto es que la venganza política siempre es reprobable y siempre tiene una motivación perversa guiada por la impotencia que genera que otra u otras personas no se sometan a la voluntad del líder. 

Así ocurrió en la legislatura pasada cuando el Congreso reestructuro destituyo de la presidencia de tres comisiones importantes a Diputados que se opusieron a la redistritación que propuso el entonces Gobernador Mariano González Zarur.



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