Periodismo social, político y de investigación.
Plantea Lorena Cuéllar medidas para erradicar la violencia obstétrica
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20/Mar/2017
Zona Crítica


Con el propósito de erradicar la violencia obstétrica que llega a presentarse en los servicios de salud, tanto en el sector público y privado, la senadora Lorena Cuéllar planteó mecanismos que permitan detectar y sancionar aquellas prácticas que representen este tipo de agresión hacia la mujer. 

 Con el fin de combatir esta práctica, la integrante del Grupo Parlamentario del PRD propuso establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera puntual, los aspectos mínimos por los que deba actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia ginecobstétrica en los servicios de salud del país. 

 Al fundamentar su propuesta, Cuéllar Cisneros puntualizó las acciones que deben ser vistas como violencia ginecobstétrica y deben ser evitadas desde el sistema de salud como la omisión de la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas u obligar a la madre a parir en una posición incómoda y obstaculizar el apego inmediato del menor con su madre. Así como inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la mujer, y que se le niegue la libertad elegir entre un parto natural o una cesárea. 

 Por otro lado, agregó que “las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no sólo a hombres sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área de la salud”. 

 Advirtió que a pesar de que existe normatividad orientada a reducir este tipo de violencia como la Norma Oficial 007, pocas veces se monitorea esta práctica o se aplican sanciones ante la falta de denuncias por parte de las víctimas, ya que en muchas ocasiones las mujeres guardan en silencio todo el tipo de abusos que han sufrido. 

 La senadora por el estado de Tlaxcala argumentó que con su iniciativa se busca complementar el esfuerzo del concepto de erradicación de violencia obstétrica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al establecer las pautas de conducta sobre las que debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia ginecobstétrica, ya que este problema que persiste en la sociedad.

 “Datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, calculan que al menos 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de este tipo de violencia y enfatiza que alrededor del 46 por ciento de nacimientos durante el 2014 fueron cesáreas, lo que permite concluir que esta práctica se está generalizando a pesar de que debe ser considerada solo en algunos casos”, explicó.

Por ello, sostuvo que es un problema que limita también la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus derechos reproductivos y conlleva una serie de elementos que incluyen tratos inhumanos y crueles, discriminación, exclusión, y condicionamientos sobre medicalización, entre otras conductas nocivas. 

 “Estas características impiden un sano ejercicio de servicios de salud en México, donde además, si consideramos que cuentan con capacidad operativa rebasada tanto en infraestructura como en personal, vemos impedida la atención adecuada hacia las mujeres que atraviesen por episodios obstétricos de salud”, dijo. 

 Finalmente, Cuéllar Cisneros recordó los señalamientos que organizaciones especializadas en la materia han manifestado por la carencia de políticas públicas que eliminen las acciones o descuidos de parte del personal del servicio de salud que causen daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o postparto. 

 “El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, suscrito por la Secretaría de Salud, señala la necesidad de implementar políticas públicas con visión de futuro, donde la meta sea garantizar excelentes servicios y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres”, refirió.
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EDITORIAL

Reemplacamiento obligado

El reemplacamiento que pretendió imponer el gobierno anterior en el año 2015 fue desechado ante la imposibilidad de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, Secretaria de Planeación y Finzanzas y de la Consejería Jurídica para encontrar el fundamento legal que lo permitiera y por ende el cobro de un impuesto más a los dueños de vehículos.

Por tal motivo el congreso del estado no autorizó el presupuesto para comprar esas placas. 

Se exhibió en el pleno del congreso local que ninguna norma estatal y mucho menos federal autoriza ningún remplacamiento vehicular ni siquiera cada sexenio. Con todo y esto el exgobernador puso en marcha dos canjes de placas irregulares en su periodo. 

Tema aparte fue el negocio que ya se había realizado con la empresa que imprimió las placas, las cuales ya se habían entregado en forma adelantada aún sin contar con el presupuesto aprobado por el congreso . 

En ese momento tanto el actual gobernador como el ex secretario de gobierno y seguro presidente del PRI, fungían como diputados y conocieron del asunto que escaló al dominio público. 

El actual titular de la Coordinación General de Ecologia no fue ajeno a este debate pues en la anterior legislatura fungía como secretario técnico del diputado del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto está claro que conocen que los cobros por reemplacamiento no tienen fundamento legal.

Por ello, se concibe que ahora pongan como condición a los propietarios de vehículos un cambio de placas obligatorio para que puedan ser verificados sus automóviles. 

Se ha generado un daño irreversible a la economía de los tlaxcaltecas quienes han realizado el pago, a quienes se les ha impuesto una multa por el retraso en la verificación y a los que han caído en manos de los coyotes para afiliar los trámites.



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Tlaxcala, Tlaxcala.
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