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Afirma Sindico de Quilhetla que se le ha negado acceso a la información de la cuenta pública
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20/Abr/2017
Guadalupe Salas
A Ma. Elizabeth Cautepitzi Vázquez Sindico del municipio de Quilhetla le fue retenido el pago de nómina y ha sido amenazada de manera anónima presuntamente por personal del ayuntamiento por no acceder a validar la cuenta pública de los meses de febrero y marzo del presente ejercicio fiscal. 

 "Pese a que la ley me faculta para analizar y revisar las finanzas de la comuna no ha tenido acceso a ninguna documentación. He sido capacitada y se me ha negado el acceso a la información con el pretexto de que no voy a entender nada, de acuerdo a las palabras del presidente". 

 La sindico ha desmentido los señalamientos en su contra por parte del alcalde Oscar Pérez Rojas de que se ha negado a firmar la cuenta pública de los dos meses anteriores.

 Cautepitzi Vázquez afirma que posee los acuses de recibido de las solicitudes de los estados financieros y de la cuenta pública para la elaboración de la ficha técnica presentadas ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS del congreso local de fecha 3 de marzo. 

 La solicitud de los estado financieros y la cuenta pública además se dirigieron a Pérez Rojas y a la tesorera municipal Olivia Lira Toledo y no se obtuvo respuesta.

La sindico refiere que está problemática ya es sintomática, pues muchas sindicos están pasando por este episodio de violencia de género, pues en los ayuntamientos no están respetando el desempeño para el que la ley las faculta. 

 Sin hacer ningún señalamiento, pues estos eventos pueden ser producto de la casualidad, la sindico reveló que el pasado 18 de febrero su domicilio recibió tres impactos de bala, además de amenazas a su familia, en concreto con "levantar a uno de sus hijos". 

 Por todo esto ya presentó la denuncia contra quienes resulten responsables ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
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EDITORIAL

¿Venganza o desquitanza en el Congreso?

En esta semana diversos medios de comunicación locales, reportaron la misma noticia: “Por coqueta remueven de la Mesa Directiva del Congreso a diputada del PRD”, “Truenan a perredista simpatizante de AMLO de Mesa Directiva”, “Amaro cumple sus amenazas y corre a Floria de la Mesa Directiva”. 

El hecho tiene relevancia porque a la diputada local en cuestión fue depuesta del cargo que ocupaba en la Mesa Directiva del Congreso sin haber cometido ninguna violación al reglamento Interior del Congreso, ni faltar a alguna de sus responsabilidades legislativas, sino por el señalamiento de sus correligionarios de cometer traición al partido que la llevo por la vía plurinominal al cargo de Diputada Local que hoy ocupa, al manifestar públicamente su apoyo al precandidato de otro partido. 

El hecho es uno más de los excesos en los que ha incurrido el Congreso Local y cada uno de los Diputados que con su voto concretaron la destitución de la Mesa Directiva de la mencionada diputada, lo novedoso es que dicha remoción se había anunciado como una amenaza y se cumplió con la complicidad de “débil” Presidente y de la propia Junta de Coordinación y Concertación Política. 

Algunos acostumbran decir que en los detalles está el demonio. En este caso que parece intrascendente para la política local y que concierne solo a los militantes de un partido, se manifiesta lo más reprobable de la política local, como es el uso caciquil del poder público para concretar una venganza, o para infringir un castigo injurioso por la forma en que se ha concretado. 

Muchas dudas surgen ante este hecho: ¿El Congreso ha cedido a la política de presión y de chantaje del líder tianguista hoy diputado Alberto Amaro para concederle los caprichos que se le ocurran?, ¿Este es el primer acto nefasto del llamado Frente Amplio Opositor en el Congreso del estado?, ¿El hecho se enmarca en violencia política de género?

 Lo cierto es que la venganza política siempre es reprobable y siempre tiene una motivación perversa guiada por la impotencia que genera que otra u otras personas no se sometan a la voluntad del líder. 

Así ocurrió en la legislatura pasada cuando el Congreso reestructuro destituyo de la presidencia de tres comisiones importantes a Diputados que se opusieron a la redistritación que propuso el entonces Gobernador Mariano González Zarur.



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