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Síndico de Quiletla señala irregularidades financieras superiores a los 20 mdp cometidas en el primer mes del ejercicio 2016.
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21/Abr/2017
Silvia Anahí Morales Meza
Irregularidades financieras superiores a los 20 millones de pesos denunció ante el Congreso local la síndico de Santa Cruz Quiletla, Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, las cuales fueron detectadas en el primer mes de ejercicio de la administración municipal encabezada por Oscar Pérez Rojas. 

La funcionaria expuso que el alcalde se negó a proporcionar la totalidad de información contable para su análisis, revisión y validación antes de ser entregada a la Comisión de Finanzas del Poder Legislativo. 

Puntualizó que únicamente tuvo acceso a la cuenta pública del mes de enero del ejercicio en curso pues los meses de febrero y marzo no le fueron remitidos para su revisión. 

La funcionaria explicó que del análisis y revisión de la situación financiera al 31 de enero de 2017 se detectó en el rubro de activo circulante en la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo un monto de 163 mil 885 pesos correspondientes a cheques emitidos a nombre del presidente municipal, sin embargo se desconoce en que se destinaron los recursos debido a que le fue negada la información comprobatoria.

Conjuntamente en el rubro de activo no circulante en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público registra un monto de 10 millones 624 mil 875 pesos, comprobación que a consideración de la síndico es incorrecto puesto que a la fecha no existe ninguna obra en proceso.

En el rubro de hacienda pública patrimonio generado, en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, en resultado del ejercicio 2013 registra un superávit de 10 millones 667 mil 393 pesos y en resultados de la administración 2014-2016 también registra un superávit de dos millones 605 mil 003 pesos los cuales no se refleja en la disponibilidad de dichas cantidades en bancos.

En el informe remitido vía correspondencia a la Comisión de Finanzas y Fiscalización en la sesión ordinaria celebrada este jueves, Cuatepitzi Vázquez detalló que también se detectó la compra irregular de una unidad vehicular con un costo de 460 mil pesos provenientes de los recursos extraordinarios asignados por excedentes de ajuste trimestrales por 803 mil 648 pesos.

Sin embargo, la compra fue calificada por la síndico procuradora como irregular, la cual fue hecha por adquisición directa, pues el monto rebaza la cantidad permitida en esa modalidad a los municipios, conforme a los establecido en la Ley de Adquisiciones para el Estado de Tlaxcala.

Aclaró que el análisis se realizó únicamente con los estados financieros del mes de enero de 2017, puesto que el presidente municipal no autorizó el acceso a la información soporte de gastos, no obstante detalló que ninguno de los tres meses fue avalado por la sindicatura ya que no se le explicó ni comprobó por parte de la tesorería los gastos realizados por el ayuntamiento.

Elizabeth Cuatepitzi Vázquez explicó que inicialmente el alcalde Oscar Pérez Rojas se negó a facilitarle la cuenta pública de los dos primeros meses del ejercicio en curso para análisis, revisión y validación, pese a que la petición se hizo vía oficio 0013/SMQ/2017, el tres de marzo de 2017. 

También pormenorizó que la petición también se oficializó a la tesorera Olivia Lira Toledo la cual no fue contestada ni de manera verbal ni escrita, además de los estados financieros de los dos primeros meses del año, solicitó la información respecto a la recepción de los ingresos y su aplicación durante los meses de enero y febrero para su revisión.

En el escrito enviado al Poder Legislativo la procuradora de Quiletla expuso bajo protesta de decir verdad, lo explicado en el documento puede ser utilizado para los efectos en términos que marque la ley
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EDITORIAL

¿Venganza o desquitanza en el Congreso?

En esta semana diversos medios de comunicación locales, reportaron la misma noticia: “Por coqueta remueven de la Mesa Directiva del Congreso a diputada del PRD”, “Truenan a perredista simpatizante de AMLO de Mesa Directiva”, “Amaro cumple sus amenazas y corre a Floria de la Mesa Directiva”. 

El hecho tiene relevancia porque a la diputada local en cuestión fue depuesta del cargo que ocupaba en la Mesa Directiva del Congreso sin haber cometido ninguna violación al reglamento Interior del Congreso, ni faltar a alguna de sus responsabilidades legislativas, sino por el señalamiento de sus correligionarios de cometer traición al partido que la llevo por la vía plurinominal al cargo de Diputada Local que hoy ocupa, al manifestar públicamente su apoyo al precandidato de otro partido. 

El hecho es uno más de los excesos en los que ha incurrido el Congreso Local y cada uno de los Diputados que con su voto concretaron la destitución de la Mesa Directiva de la mencionada diputada, lo novedoso es que dicha remoción se había anunciado como una amenaza y se cumplió con la complicidad de “débil” Presidente y de la propia Junta de Coordinación y Concertación Política. 

Algunos acostumbran decir que en los detalles está el demonio. En este caso que parece intrascendente para la política local y que concierne solo a los militantes de un partido, se manifiesta lo más reprobable de la política local, como es el uso caciquil del poder público para concretar una venganza, o para infringir un castigo injurioso por la forma en que se ha concretado. 

Muchas dudas surgen ante este hecho: ¿El Congreso ha cedido a la política de presión y de chantaje del líder tianguista hoy diputado Alberto Amaro para concederle los caprichos que se le ocurran?, ¿Este es el primer acto nefasto del llamado Frente Amplio Opositor en el Congreso del estado?, ¿El hecho se enmarca en violencia política de género?

 Lo cierto es que la venganza política siempre es reprobable y siempre tiene una motivación perversa guiada por la impotencia que genera que otra u otras personas no se sometan a la voluntad del líder. 

Así ocurrió en la legislatura pasada cuando el Congreso reestructuro destituyo de la presidencia de tres comisiones importantes a Diputados que se opusieron a la redistritación que propuso el entonces Gobernador Mariano González Zarur.



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