Periodismo social, político y de investigación.
Funcionario estatal exige pago de laudo laboral contra el OFS superior a los dos millones de pesos.
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21/Abr/2017
Silvia Anahí Morales Meza

 El ex trabajador del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y ahora funcionario de la Oficialía Mayor de Gobierno, José Manuel García Valencia, acusó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del estado y al OFS de cometer diversas irregularidades que han frenado el pago de su laudo laboral por 2 millones 843 mil 127.83 pesos. 

 Por tanto pidió a los diputados locales procedan de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tlaxcala y revisen las políticas de retardo, acciones retardatarias, impericia inexcusable y negligencia profesional cometidas por el OFS y por el TCA. 

En un escrito enviado al Poder Legislativo el funcionario estatal resumió que en el año 2008 inició un juicio laboral por presunto despido injustificado contra el OFS, el cual fue resuelto el 12 de abril de 2012 con el pago de 1 millón 528 mil 541 pesos y reinstalar al quejoso en su cargo y como fecha límite se fijó el 28 de septiembre de ese mismo año, lo cual no se cumplió. 

“El OFS manifestó no poder llevar a cabo la reinstalación del actor en una dirección que actualmente y de acuerdo con la ley no existe, sin demostrar con algún documento y medio de convicción tal manifestación”. 

Detalló que el OFS se negó a pagar el monto del laudo, de ahí que García Valencia solicitó un embargo a una de las cuentas del órgano fiscalizador que se amparó y obtuvo el fallo a su favor sobre esos recursos, de ahí que no pudo ejecutarse esa acción y por tanto no recibió el pago. 

El quejoso exhibió que durante que durante los últimos cuatro años se han desahogado una serie de estrategias jurídicas incitadas por el OFS, las cuales dijo han sido superadas, pues evidencian la dilación y el contubernio que existe entre personal del órgano fiscalizador para evitar el pago que ha incrementado debido al paso de los años.

“A la fecha las prestaciones a que fue condenado el demandado OFS han llegado a la cantidad de 2 millones 843 mil 127.83 pesos, debido a la negativa a realizar el pago a la fecha la cantidad se ha duplicado, generando daños patrimoniales el erario, ya que dicha cantidad que aún no se ha cubierto se seguirá actualizando y en consecuencia aumentando hasta el total cumplimiento del laudo en cuestión”, advirtió el ex trabajador del OFS.
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EDITORIAL

Javier Duarte un eslabón más de la Impunidad.

La máxima de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios es perfectamente aplicable a lo que sucede en el México de hoy en que los grupos de poder y los que son beneficiarios de diversos gobiernos, están decididos a mantearse en el poder a cualquier costo, por grotesco que esto parezca. 

Se especulaba por diversos analistas, que el proceso que enfrentaría el exgobernador de Veracruz Javier Duarte aquí en México, estaba más que pactado, pero lo que ha sucedido en su primera audiencia celebrada este martes ante un Juez Federal, en la que a la Fiscalía de la PGR “No le cuadraron las cifras” de las acusaciones fincadas en contra del exgobernador, ha sido un espectáculo lamentable de ineptitud y complicidad que deja al inculpado con medio pie fuera de la cárcel. 

El atraco a las finanzas públicas del estado de Veracruz, en el que no solamente se desviaron cientos o miles de millones de pesos del presupuesto, sino que incluso, han circulado grabaciones que involucran al exgobernador Javier Duarte en la entrega de mil millones de pesos a su partido es, solo comparable a lo sucedido en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, en que el dispendio de recursos fue ostentoso y evidente por parte del partido oficial. 

Lo grave es que al igual que la PGR en el caso Duarte Ochoa, que prácticamente exonera al exgobernador de Veracruz, en el caso de las elecciones mencionadas, es el INE el que hace comparsa a través de los dictámenes incompletos, omisos e imprecisos de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

Si además recordamos que el Presidente Peña ha impulsado la aprobación de iun Sistema Anticorrupción en que los fiscalizadores también son jueces de sus propios dictámenes y sin dale facultades para castigar los actos de corrupción o, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que la tipificación de los delitos deja fuera de la cárcel, precisamente a los delincuentes de cuello blanco y a quienes porten arma reglamentaria, nos convencemos que existe una enorme simulación. 

Negligencia, incompetencia o simulación se transforman en impunidad sin escrúpulos, ofensiva hacia la sociedad mexicana.



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Tlaxcala, Tlaxcala.
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