Periodismo social, político y de investigación.
Funcionario estatal exige pago de laudo laboral contra el OFS superior a los dos millones de pesos.
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21/Abr/2017
Silvia Anahí Morales Meza

 El ex trabajador del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y ahora funcionario de la Oficialía Mayor de Gobierno, José Manuel García Valencia, acusó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del estado y al OFS de cometer diversas irregularidades que han frenado el pago de su laudo laboral por 2 millones 843 mil 127.83 pesos. 

 Por tanto pidió a los diputados locales procedan de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tlaxcala y revisen las políticas de retardo, acciones retardatarias, impericia inexcusable y negligencia profesional cometidas por el OFS y por el TCA. 

En un escrito enviado al Poder Legislativo el funcionario estatal resumió que en el año 2008 inició un juicio laboral por presunto despido injustificado contra el OFS, el cual fue resuelto el 12 de abril de 2012 con el pago de 1 millón 528 mil 541 pesos y reinstalar al quejoso en su cargo y como fecha límite se fijó el 28 de septiembre de ese mismo año, lo cual no se cumplió. 

“El OFS manifestó no poder llevar a cabo la reinstalación del actor en una dirección que actualmente y de acuerdo con la ley no existe, sin demostrar con algún documento y medio de convicción tal manifestación”. 

Detalló que el OFS se negó a pagar el monto del laudo, de ahí que García Valencia solicitó un embargo a una de las cuentas del órgano fiscalizador que se amparó y obtuvo el fallo a su favor sobre esos recursos, de ahí que no pudo ejecutarse esa acción y por tanto no recibió el pago. 

El quejoso exhibió que durante que durante los últimos cuatro años se han desahogado una serie de estrategias jurídicas incitadas por el OFS, las cuales dijo han sido superadas, pues evidencian la dilación y el contubernio que existe entre personal del órgano fiscalizador para evitar el pago que ha incrementado debido al paso de los años.

“A la fecha las prestaciones a que fue condenado el demandado OFS han llegado a la cantidad de 2 millones 843 mil 127.83 pesos, debido a la negativa a realizar el pago a la fecha la cantidad se ha duplicado, generando daños patrimoniales el erario, ya que dicha cantidad que aún no se ha cubierto se seguirá actualizando y en consecuencia aumentando hasta el total cumplimiento del laudo en cuestión”, advirtió el ex trabajador del OFS.
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EDITORIAL

¿Venganza o desquitanza en el Congreso?

En esta semana diversos medios de comunicación locales, reportaron la misma noticia: “Por coqueta remueven de la Mesa Directiva del Congreso a diputada del PRD”, “Truenan a perredista simpatizante de AMLO de Mesa Directiva”, “Amaro cumple sus amenazas y corre a Floria de la Mesa Directiva”. 

El hecho tiene relevancia porque a la diputada local en cuestión fue depuesta del cargo que ocupaba en la Mesa Directiva del Congreso sin haber cometido ninguna violación al reglamento Interior del Congreso, ni faltar a alguna de sus responsabilidades legislativas, sino por el señalamiento de sus correligionarios de cometer traición al partido que la llevo por la vía plurinominal al cargo de Diputada Local que hoy ocupa, al manifestar públicamente su apoyo al precandidato de otro partido. 

El hecho es uno más de los excesos en los que ha incurrido el Congreso Local y cada uno de los Diputados que con su voto concretaron la destitución de la Mesa Directiva de la mencionada diputada, lo novedoso es que dicha remoción se había anunciado como una amenaza y se cumplió con la complicidad de “débil” Presidente y de la propia Junta de Coordinación y Concertación Política. 

Algunos acostumbran decir que en los detalles está el demonio. En este caso que parece intrascendente para la política local y que concierne solo a los militantes de un partido, se manifiesta lo más reprobable de la política local, como es el uso caciquil del poder público para concretar una venganza, o para infringir un castigo injurioso por la forma en que se ha concretado. 

Muchas dudas surgen ante este hecho: ¿El Congreso ha cedido a la política de presión y de chantaje del líder tianguista hoy diputado Alberto Amaro para concederle los caprichos que se le ocurran?, ¿Este es el primer acto nefasto del llamado Frente Amplio Opositor en el Congreso del estado?, ¿El hecho se enmarca en violencia política de género?

 Lo cierto es que la venganza política siempre es reprobable y siempre tiene una motivación perversa guiada por la impotencia que genera que otra u otras personas no se sometan a la voluntad del líder. 

Así ocurrió en la legislatura pasada cuando el Congreso reestructuro destituyo de la presidencia de tres comisiones importantes a Diputados que se opusieron a la redistritación que propuso el entonces Gobernador Mariano González Zarur.



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