Periodismo social, político y de investigación.
Minerva Hernández y representantes de partidos políticos presentan iniciativa para combatir lavado de dinero
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19/May/2017
Guadalupe Salas

La diputada de Tlaxcala Minerva Hernández y representantes de diversos partidos políticos presentaron una iniciativa para reformar parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI).



En entrevista detalló que se evaluaría de forma más detallada la forma en que la entidad financiera cumple con sus obligaciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se evaluará si lo hacen bien o mal y en su caso se propone hacer un programa de acciones correctivas.



De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al 31 de diciembre del 2015, la CNBV supervisaba a 3, 199 instituciones financieras; mientras que el SAT a 56, 034 sujetos que realizaban actividades vulnerables.



Destacó que, con la ineficiencia de supervisión, las autoridades no contarán con información útil para llevar a cabo investigaciones y denunciar conductas ilegales, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero es bajo.



Asimismo, comentó que el Gobierno federal es incapaz de vigilar el cumplimento de las medidas de prevención de lavado de dinero en instituciones que no pertenecen al sistema financiero y por ello requieren de la ayuda de auditores externos.



“La legisladora afirmó que la autoridad está completamente rebasada y requiere del apoyo de organismos como el IMCP para mejorar la vigilancia”, añadió.


Remarcó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está en contra del establecimiento de auditores externos y por ello peleará el Congreso por el rechazo de la iniciativa.

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EDITORIAL

¿Venganza o desquitanza en el Congreso?

En esta semana diversos medios de comunicación locales, reportaron la misma noticia: “Por coqueta remueven de la Mesa Directiva del Congreso a diputada del PRD”, “Truenan a perredista simpatizante de AMLO de Mesa Directiva”, “Amaro cumple sus amenazas y corre a Floria de la Mesa Directiva”. 

El hecho tiene relevancia porque a la diputada local en cuestión fue depuesta del cargo que ocupaba en la Mesa Directiva del Congreso sin haber cometido ninguna violación al reglamento Interior del Congreso, ni faltar a alguna de sus responsabilidades legislativas, sino por el señalamiento de sus correligionarios de cometer traición al partido que la llevo por la vía plurinominal al cargo de Diputada Local que hoy ocupa, al manifestar públicamente su apoyo al precandidato de otro partido. 

El hecho es uno más de los excesos en los que ha incurrido el Congreso Local y cada uno de los Diputados que con su voto concretaron la destitución de la Mesa Directiva de la mencionada diputada, lo novedoso es que dicha remoción se había anunciado como una amenaza y se cumplió con la complicidad de “débil” Presidente y de la propia Junta de Coordinación y Concertación Política. 

Algunos acostumbran decir que en los detalles está el demonio. En este caso que parece intrascendente para la política local y que concierne solo a los militantes de un partido, se manifiesta lo más reprobable de la política local, como es el uso caciquil del poder público para concretar una venganza, o para infringir un castigo injurioso por la forma en que se ha concretado. 

Muchas dudas surgen ante este hecho: ¿El Congreso ha cedido a la política de presión y de chantaje del líder tianguista hoy diputado Alberto Amaro para concederle los caprichos que se le ocurran?, ¿Este es el primer acto nefasto del llamado Frente Amplio Opositor en el Congreso del estado?, ¿El hecho se enmarca en violencia política de género?

 Lo cierto es que la venganza política siempre es reprobable y siempre tiene una motivación perversa guiada por la impotencia que genera que otra u otras personas no se sometan a la voluntad del líder. 

Así ocurrió en la legislatura pasada cuando el Congreso reestructuro destituyo de la presidencia de tres comisiones importantes a Diputados que se opusieron a la redistritación que propuso el entonces Gobernador Mariano González Zarur.



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