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Reforman Ley para la prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar
°Adecuan código penal para tipificar y penalizar el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar y de género °Avalan reformas en materia civil
24/Jun/2017
Zona Crítica

Por mayoría de votos, los diputados de la LXII Legislatura Local aprobaron reformas que modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, presentada por el Ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

El dictamen de mérito fue formulado por las Comisiones de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de la Familia y su Desarrollo Integral.

En la lectura de la misma, se pone de manifiesto que cualquier forma de violencia es condenable, sobre todo al interior de una familia, ya que ésta es la célula básica de la sociedad, pero también en el entorno más inmediato de las personas que la conforman, y que es una realidad devastadora principalmente para las mujeres y niñas, quienes la sufren con mayor frecuencia.

Por ello, se dijo que Tlaxcala debe ser ejemplo a nivel nacional de un combate frontal a la desigualdad, discriminación, impunidad y violencia, porque éstos son elementos que propician la violación sistemática de los derechos humanos y que en cumplimiento del artículo 1º, párrafo tercero de la Carta Magna, todas las

autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Con la adecuación de esta norma, se actualiza el concepto de violencia familiar y se introducen los conceptos de agresión física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, por citar algunos, encaminados a prevenir la violencia en cualquiera de sus modalidades.

En esta misma sesión, los legisladores avalaron la propuesta remitida por el titular del Poder Ejecutivo para adecuar diversos preceptos del Código Penal del estado de Tlaxcala, con el fin de tipificar y penalizar el feminicidio, el acoso sexual, la violencia familiar y de género.

También, el Pleno aprobó reformas al Código Civil del Estado de Tlaxcala, por el que se elimina el requisito de que transcurra un año para que el juicio de divorcio voluntario e incausado surta efecto, esto con la finalidad de respetar la decisión de las personas de ya no permanecer unidas, así como el que los padres biológicos tienen derecho y podrán reconocer a su hijo o hija, con independencia de las circunstancias de su procreación, en aras de proteger el interés superior del menor y a efecto de privilegiar el derecho humano a la identidad.
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EDITORIAL

Javier Duarte un eslabón más de la Impunidad.

La máxima de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios es perfectamente aplicable a lo que sucede en el México de hoy en que los grupos de poder y los que son beneficiarios de diversos gobiernos, están decididos a mantearse en el poder a cualquier costo, por grotesco que esto parezca. 

Se especulaba por diversos analistas, que el proceso que enfrentaría el exgobernador de Veracruz Javier Duarte aquí en México, estaba más que pactado, pero lo que ha sucedido en su primera audiencia celebrada este martes ante un Juez Federal, en la que a la Fiscalía de la PGR “No le cuadraron las cifras” de las acusaciones fincadas en contra del exgobernador, ha sido un espectáculo lamentable de ineptitud y complicidad que deja al inculpado con medio pie fuera de la cárcel. 

El atraco a las finanzas públicas del estado de Veracruz, en el que no solamente se desviaron cientos o miles de millones de pesos del presupuesto, sino que incluso, han circulado grabaciones que involucran al exgobernador Javier Duarte en la entrega de mil millones de pesos a su partido es, solo comparable a lo sucedido en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, en que el dispendio de recursos fue ostentoso y evidente por parte del partido oficial. 

Lo grave es que al igual que la PGR en el caso Duarte Ochoa, que prácticamente exonera al exgobernador de Veracruz, en el caso de las elecciones mencionadas, es el INE el que hace comparsa a través de los dictámenes incompletos, omisos e imprecisos de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

Si además recordamos que el Presidente Peña ha impulsado la aprobación de iun Sistema Anticorrupción en que los fiscalizadores también son jueces de sus propios dictámenes y sin dale facultades para castigar los actos de corrupción o, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que la tipificación de los delitos deja fuera de la cárcel, precisamente a los delincuentes de cuello blanco y a quienes porten arma reglamentaria, nos convencemos que existe una enorme simulación. 

Negligencia, incompetencia o simulación se transforman en impunidad sin escrúpulos, ofensiva hacia la sociedad mexicana.



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