Periodismo social, político y de investigación.
Proponen Reformas a la Constitución Política para garantizar Derechos Humanos en Sistemas Penitenciarios.
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24/Jun/2017
Zona Crítica

En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura Local, se dio lectura a la iniciativa formulada por la diputada Dulce María Mastranzo Corona, para adecuar diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política Local, en materia de derechos humanos en sistemas penitenciarios.

Con la adecuación de este precepto legal, se busca dar cumplimiento a la reforma constitucional federal de junio de 2011, por la que se mandató a los estados armonizar sus textos constitucionales, a fin de que garanticen la existencia de disposiciones jurídicas entendidas como principios, obligaciones y/o derechos en materia de derechos humanos.

En este tenor, se recordó que en el estado de Tlaxcala, la correspondiente armonización constitucional se realizó el 14 de octubre de 2012 y en la que se incluyeron 10 de las 11 disposiciones jurídicas entendidas como principios, obligaciones y/o derechos en materia de derechos humanos, resultando faltante en la Constitución Local la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos.

Por ello, se hizo hincapié en la necesidad de adecuar este precepto legal vigente en la entidad, para que se respeten los derechos humanos y se basen en el trabajo, la capacitación para el mismo, siendo la educación, salud y deporte medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
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EDITORIAL

Javier Duarte un eslabón más de la Impunidad.

La máxima de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios es perfectamente aplicable a lo que sucede en el México de hoy en que los grupos de poder y los que son beneficiarios de diversos gobiernos, están decididos a mantearse en el poder a cualquier costo, por grotesco que esto parezca. 

Se especulaba por diversos analistas, que el proceso que enfrentaría el exgobernador de Veracruz Javier Duarte aquí en México, estaba más que pactado, pero lo que ha sucedido en su primera audiencia celebrada este martes ante un Juez Federal, en la que a la Fiscalía de la PGR “No le cuadraron las cifras” de las acusaciones fincadas en contra del exgobernador, ha sido un espectáculo lamentable de ineptitud y complicidad que deja al inculpado con medio pie fuera de la cárcel. 

El atraco a las finanzas públicas del estado de Veracruz, en el que no solamente se desviaron cientos o miles de millones de pesos del presupuesto, sino que incluso, han circulado grabaciones que involucran al exgobernador Javier Duarte en la entrega de mil millones de pesos a su partido es, solo comparable a lo sucedido en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, en que el dispendio de recursos fue ostentoso y evidente por parte del partido oficial. 

Lo grave es que al igual que la PGR en el caso Duarte Ochoa, que prácticamente exonera al exgobernador de Veracruz, en el caso de las elecciones mencionadas, es el INE el que hace comparsa a través de los dictámenes incompletos, omisos e imprecisos de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

Si además recordamos que el Presidente Peña ha impulsado la aprobación de iun Sistema Anticorrupción en que los fiscalizadores también son jueces de sus propios dictámenes y sin dale facultades para castigar los actos de corrupción o, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que la tipificación de los delitos deja fuera de la cárcel, precisamente a los delincuentes de cuello blanco y a quienes porten arma reglamentaria, nos convencemos que existe una enorme simulación. 

Negligencia, incompetencia o simulación se transforman en impunidad sin escrúpulos, ofensiva hacia la sociedad mexicana.



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