Continúa proceso contra comisionados del IAIP-TLAX en la CEDH, TSJE y Congreso
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Iván Muñoz Pérez
25/May/2018

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Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-TLAX), David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, esperan las resoluciones que emitan el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la comisión especial de diputados encargada de recabar información para determinar si procede o no juicio político contra los funcionarios. 

Denunciados en las tres vías por la comisionada presidenta del IAIP-Tlax, Marlene Alonso Meneses, el plazo para que los comisionados presenten las pruebas para no ser vinculados a juicio político concluyó el viernes 18 de mayo. 

Del mismo modo, el TSJE hasta ahora no se ha manifestado en torno a la apelación al auto de vinculación a proceso por los presuntos delitos de coalición de servidores, uso indebido del servicio público e interrupción del servicio público. 

Además, los comisionados están bajo investigación en la CEDH debido a que Alonso Meneses presentó queja por violencia de género que, como primera respuesta del organismo, también emitió medidas cautelares. 

El pasado lunes 16 de mayo los comisionados, ahora bajo escrutinio de la autoridad judicial, legislativa y protectora de los derechos humanos, informaron que ya se presentaron las pruebas a la CEDH para que valorara si se acreditan o no los señalamientos. 

Por otro lado, es pertinente recordar que el pasado 6 de mayo la juez de control y juicio oral del Distrito Judicial Guridi y Alcocer decidió vincular a proceso a los comisionados David Cabrera Canales y José Francisco Morones Servín. 

Una vez que los comisionados presentaron el amparo, la justicia estatal deberá resolver si abre juicio en su contra o sobresee el asunto. 


¿Y el derecho al acceso a la información? 
Hasta ahora resulta difícil dimensionar qué tanto este conflicto interno en el IAIP ha afectado al derecho al acceso a la información pública, sobre todo a las resoluciones de los recursos de revisión, medio que garantiza al ciudadano su acceso a la información después de la negativa de los sujetos obligados a ser transparentes. 

De acuerdo a la revisión de la página de transparencia, el IAIP no ha actualizado la información que por ley está obligado a transparentar.

Sobre la obligación de hacer pública una relación de resoluciones emitidas por las tres ponencias a cargo de los comisionados, solo existe información hasta diciembre de 2017. 

Del mismo modo, no existe información actualizada de 2018 respecto a las resoluciones emitidas por el IAIP y tampoco está actualizada la información sobre los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión de las tres ponencias; el último reporte está fechado el 1 de diciembre de 2017, fecha en la que se agudizó el conflicto.
 
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