Adecuada tipificación de feminicidio y paz para las mujeres: feministas a candidatos
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Iván Muñoz Pérez
14/Jun/2018

ELECCIONES 2018
 
Organizaciones civiles y grupos feministas han documentado de enero de 2016 a lo que va de 2018, al menos 35 desapariciones de mujeres y y un promedio de 10 a 15 feminicidios al año.

En un contexto de revisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Conavim para Tlaxcala, derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y desaparición, la asociación civil “Mujeres en Consenso. Por nosotras y con ellos”, presentó a los candidatos a cargos públicos la Agenda de Género, con el objetivo de comprometerlos a impulsar los cambios sustantivos para garantizar la paz, la igualdad y el respeto.

La agenda propone 14 acciones para que sean impulsadas por los poderes estatales y candidatos al Congreso del Estado y las cámaras legislativas federales.

Entre ellas destacan la adecuada tipificación de feminicidio como delito autónomo y de acreditación objetiva, la capacitación de funcionarios con perspectiva de género, atención a víctimas, lenguaje incluyente y armonización legislativa en la materia.

A continuación Zona Crítica te presenta los 14 puntos de la Agenda de Género: 
Impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género, comenzando por vigilar que el lenguaje utilizado en las iniciativas legislativas no oculte ni omita a las mujeres y niñas, para que, a partir del lenguaje se evite la discriminación, el sexismo y la violencia de género. 

Se impulse la armonización legislativa con perspectiva de género a partir de la revisión de legislación existente y la promoción de las reformas constitucionales y legislativas que sean necesarias para tal efecto, para dar viabilidad, aplicación y vigencia real de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que integre a la Cámara de Senadores, de Diputados, al Inmujeres, la Conavim a la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago, a la Unidad de Igualdad de la Suprema Corte de Justicia, a representación de los congresos locales y unidades de igualdad de los poderes judiciales de los estado, garantizando la participación de organizaciones civiles y sociales en estos trabajos.
Impulsar la consolidación y brindar plena garantía a la emisión de medidas especiales de protección para las mujeres víctimas de violencia, sus familiares y testigos. 

Con el propósito de que el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia deje de ser letra muerta y se implementen con total pertinencia las órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, para salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica; así como, la vida de las mujeres víctimas de violencia. 

Impulsar la emisión de disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas que hagan OBLIGATORIA la capacitación permanente en materia de género y derechos humanos para funcionarias y funcionarios, con mecanismos de evaluación y seguimiento ciudadano claros que brinde certeza de que dicha capacitación será base para e impulso de una cultura institucional de gobierno de no discriminación e igualdad. 

Impulsar la obligatoriedad de que en los próximos dos años las dependencias federales se certifiquen en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación; de igual manera impulsar esta obligatoriedad en los ámbitos estatales y municipales. 

En el ámbito de sus competencias impulsar la observancia plena y la máxima difusión del protocolo Único de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual de la Administración Pública Federal y promover en los estados y municipios la implementación de este tipo de documentos. 

Así como garantizar la sanción correspondiente a las personas que realicen este tipo de conductas para inhibirlas y garantizar el principio de no repetición y no permitir la impunidad. 

Impulsar, coadyuvar y vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias que las medidas presupuestarias y administrativas encaminadas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia impacten no sólo el ámbito federal, sino también en los estatales y municipales, con total transparencia y cero corrupción. 

En el ámbito de sus competencias, impulsar la obligatoriedad de contar con programas de contención para el funcionariado que atiende a víctimas de violencia de género. 

En el ámbito de sus competencias impulsar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU que insta a la creación de capacidad de respuesta de género en las misiones de mantenimiento de la paz y capacitación de género sobre derechos y necesidades de las mujeres para todo el personal implicado en el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

En este marco, redoblar la capacitación y formación especializada del funcionariado mexicano y en particular de las Fuerzas Armadas; además de realizar los trabajos pertinentes en estos rubros con las policías del país e implementar la obligatoriedad de contar y trabajar en todo momento con protocolos de actuación policial con perspectiva de género; poniendo especial énfasis en las capacitaciones a las fuerzas armadas y de seguridad pública la temáticas sobre; la protección, los derechos y necesidades especiales de las mujeres y niñas, así como sobre la importancia de la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión, nuevas masculinidades, los derechos a la no discriminación e igualdad, migración, violencia por razón de género, particularmente de la violación, abusos sexuales y feminicidio. 

En el marco de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y en el ámbito de sus respectivas competencias impulsar la creación y ejecución del plan nacional estratégico que dicha resolución alienta, en el que se pide el aumento de la participación de la mujer en los niveles de adopción de decisiones en la solución de conflictos y los procesos de paz. 

En materia de feminicidio la exigencia es para que, en el ámbito de sus competencias, se impulse una adecuada tipificación de feminicidio que atienda el llamado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF, para que a nivel federal como en las legislaciones locales se tipifique como un delito autónomo y de acreditación objetiva, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y sus familiares, en el marco del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero. 

Se trata pues, como lo cita el OCNF, no solo de elevar las penas sino dar un tratamiento integral y especializado ante estas conductas delictivas, la creación y puntual atención y cumplimiento de protocolos de investigación con perspectiva de género como lo refiere el resolutivo 18 de la sentencia Campo Algodonero; obligar a todas las procuradurías y fiscalías generales de justicia de los estados y los tribunales de justicia a capacitar continuamente al personal encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial; de asumir la obligación de contar con un banco de datos de información genética de mujeres desaparecidas o asesinadas no identificadas, como lo marca el resolutivo 21 de la sentencia Campo Algodonero; esta tipificación debe contribuir a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los procedimientos penales, para que no sean entorpecidos debido a las prácticas discriminatorias y utilización de estereotipos por los operadores de justicia. 

Todo esto, respondiendo a la reforma constitucional de 2011, en materia de Derechos Humanos, que eleva a rango constitucional el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano establecidas en tratados internacionales, específicamente en materia de discriminación y violencia contra las mujeres. 

En el ámbito de sus competencias, impulsar el incremento presupuestal para fortalecer el trabajo de los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia y a sus familias.
 
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