La barbarie en Puebla e Hidalgo
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Tlaxcala, Tlax.
03/Sep/2018

EDITORIAL
 
Dos linchamientos en una semana que tuvieron lugar en Santa Ana Ahuehuepan, Hidalgo, y Acatlán de Osorio, Puebla, y que acabaron con la vida de cuatro personas inocentes, coloca una vez más el tema de la inseguridad en el país y la falta de protocolos policiales para resguardar la integridad de los presuntos delincuentes que ha llevado la llamada "justicia por propia mano" a actos de barbarie.
 
Las autoridades locales de Hidalgo y Puebla han corroborado que las cuatro personas linchadas y quemadas eran inocentes, sin vínculos con ninguna actividad delictiva.
 
En el debate, que se abre con estos dos hechos, el argumento de la zozobra en la que algunos poblados se encuentran por la delincuencia, empieza a carecer de peso para explicar o justificar que una turba golpee, torture y queme a personas sin mayor culpa que la percepción de dos o tres pobladores que arengan a una multitud motivada por sus temores, pero también por una extrema violencia en un proceso de deshumanización y de ruptura de cualquier orden social, legal  y de paz.
 
La cantidad y frecuencia de estas agresiones multitudinarias alarma a las autoridades estatales y federales; los hechos se inscriben en un contexto de inseguridad y delincuencia creciente, aunado a la impunidad y los vicios procesales de las policías e instituciones de procuración de justicia.
 
La semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció contra los linchamientos en Puebla e Hidalgo. "La desesperación ante el clima de violencia que los aqueja y la falta de acción por parte de las autoridades no debe ser excusa para que grupos de ciudadanos realicen linchamientos".
 
A esto se suma la influencia de las redes sociales en la formación de una falsa idea, en la creación de contextos falsos que influyen en un grupo de personas orientadas más por el temor, la ira acumulada y la desconfianza que por la razón, el proceso institucional y la paz social.
 
En ambos casos, las opiniones suelen justificar los hechos basados en la falta de capacidad institucional tanto para hacer justicia como para establecer protocolos que garanticen la seguridad de los presuntos delincuentes. 

Al parecer los casos de Puebla e Hidalgo ya colocan en el debate ese argumento de pesos que diluye el otro centrado en el enfado, la falta de seguridad e inacción de las autoridades, para colocar el hecho de que los cuatro linchados eran inocentes y, en ese caso, lo que debe prevalecer es el derecho de cualquier persona a un proceso legal para determinar su responsabilidad. 

"Nada justifica que una turba asesine a otras personas" dijo enfático el ombudsman. El llamado a las autoridades es a erradicar la "justicia por propia mano" que oculta procesos de dehumanización y barbarie, por procesos policiales que garanticen los derechos y por investigaciones objetivas que lleven a los verdaderos delincuentes a la cárcel. 

Por ahora, la obligación de las autoridades se centra en demostrar que los linchamientos de ninguna manera son actos de justicia; además, los casos de Puebla e Hidalgo ponen de manifiesto las fallas de las autoridades y una vez más, la percepeción de la inseguridad y la impunidad. 
 
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