Ley de Migración, retroceso
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Tlaxcala, Tlax.
05/Sep/2018

EDITORIAL
 
Con las últimas reformas a la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de Tlaxcala, que hicieron el último día y de manera apresurada los diputados de la LXII Legislatura, la norma regresó a su estado original antes de las reformas propuestas por la sociedad civil.
 
La pasada legislatura modificó cerca de 20 artículos que ordenaban la creación de un instituto estatal de migración con independencia y autonomía financiera, de organización y gestión, sin determinación del titular del Ejecutivo como sucede en los hechos con la Dirección de Atención a Migrantes.
 
La creación del Instituto además implicaba que los poderes Ejecutivo y Legislativo deberían destinar un presupuesto para la operatividad del instituto, a fin de realizar diagnósticos sobre la migración de origen y de tránsito en el estado y estar a cargo del funcionamiento de los programas estatales y federales, así como del diseño de las políticas públicas en la materia.
 
La norma abría la posibilidad de la participación de la sociedad civil en las tareas gubernamentales migratorias; sin embargo, con la erogación de muchos de sus artículos, todas estas posibilidades se cerraron y la ley, que en otro tiempo había constituido un avance para la defensa de los derechos de los migrantes, ahora significa un estancamiento y un retroceso.
    
El tema no es menor, primero porque se trata de los derechos humanos a la protección, la movilidad, la seguridad y la integridad física y moral; después, porque la migración no es el mal como en Europa y Estados Unidos han señalado grupos de derecha y xenófobos.
 
México recibió por remesas 30 mil millones de dólares y registró en el último trimestre un crecimiento de 10.3 por ciento de los envíos. Este marcaje es similar para las familias en los países centroamericanos donde los envíos por remesas activan la economía local y mejoran las condiciones de vida de las familias cuya obligación debería recaer en los gobiernos y no en los migrantes que se ven obligados a salir de sus países por cuestiones de violencia y pobreza extrema. 

Hace unos días el sacerdote y encargado del Albergue La Sagrada Familia en Apizaco, Elías Dávila, señalaba que el flujo migratorio de tránsito y origen se triplicó en el último año a pesar de las amenazas del gobierno de Donald Trump; del mismo modo, las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades y el sometimiento por la fuerza de grupos delincuenciales creció en la población migrante.
 
En este caso, sin la política pública definida y sin el presupuesto o la autonomía suficiente para tomar decisiones las barreras o los muros ideológicos y presupuestales seguirán impidiendo el respeto de los derechos a migrar y a mejorar la calidad de vida en un contexto de violencia, precariedad salarial y falta de oportunidades. 
 
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