La agenda contra el feminicidio
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Tlaxcala, Tlax.
07/Sep/2018

EDITORIAL
 
El Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) ha puesto énfasis en la política pública federal para combatir este delito que en los últimos años ha crecido en todos los estados de la república mexicana.  

El Colectivo Mujer y Utopía de Tlaxcala, que forma parte del ONCF, se ha sumado a la demanda para la creación de una agenda contra la violencia de género que defina las acciones en cada uno de los estados con solicitudes de alerta de violencia o en aquellos sembrados de cruces y desapariciones.  

La pregunta se centra en ¿qué hará el gobierno electo con los temas de la AVGM a partir de los nombramientos de las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la secretaría de gobierno, que son los que evalúan y determinan si debe o no activarse la AVGM en los estados? 

En muchas de las entidades, incluyendo Tlaxcala, no se ha dimensionado ni visibilizado desde el sector gubernamental la situación sobre la trata de personas, la desaparición de mujeres y niñas y el homicidio por razón de género. 

No se trata de esperar que aumenten las cifras por muertes violentas de mujeres con intenciones feminicidas, odios y prejuicios que motivan la violencia; basta con una muerte, con una víctima de trata o una niña desaparecida para reconocer el problema, a fin de combatirlo y detenerlo antes de que llegue a consolidarse como una red incluso al interior de las instituciones. 

Se espera una agenda política contra el feminicidio y que el equilibrio en el gabinete del presidente electo balanceé también su visión de género, e incluso llegue a modificar los prejuicios machistas de quienes ocuparán la presidencia de la república.

Es inevitable. Son los protagonistas y las miradas escrutadoras están y estarán sobre ellos, sobre todo porque cargan la pesada bandera de la regeneración: una promesa de cambio radical de la política, la eliminación de los vicios y el retorno de la función pública a lo social y  no a los privilegios particulares pero, sobre todo, el compromiso de garantizar la seguridad, la igualdad, la libertad y la dignidad humana.  
 
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