Conflictos municipales: opacidad y violencia
(Foto: Alfredo González)
Tlaxcala, Tlax.
17/Oct/2018

EDITORIAL
 
En los primeros días de la tercera semana de octubre dos temáticas han sido constantes en los titulares de los medios digitales e impresos: casos de violencia con expresiones que indican crimen organizado y violencia de género, y los crecientes conflictos municipales que, desde los poderes estatales, no han podido resolverse o aclararse para beneficio de las partes, a fin de mantener la estabilidad social desde la vía de la legalidad.
 
En Ixtenco, la reinstalación de Miguel Ángel Caballero Yonca generó inconformidad entre los pobladores y, aunque los medios mencionan que se trata de una veintena de ciudadanos, el reclamo pone en perspectiva una de las demandas sociales por la transparencia y la rendición de cuentas en el uso del dinero público, así como la función del Congreso para fiscalizar, investigar a través del juicio político y dictaminar la reinstalación del presidente de acuerdo a los procesos parlamentarios con el fin de presentar a la ciudadanía (sea o no una veintena) los informes que den certeza y devuelvan la estabilidad en la comunidad. 
  
Por otra parte, el reclamo de presidentes de comunidad contra el edil de Calpulalpan y la inestabilidad gubernamental en Xaltocan, donde el primer regidor, Ignacio Vázquez, se ha proclamado presidente municipal tras acusar a Eugenio Sánchez de desvío de recursos, marcan la tendencia a la opacidad debido a la falta de una investigación eficaz que descubra y responsabilice a las autoridades que incurran en malos manejos durante su administración.

No puede dejarse de lado la violencia de género en Españita y los conflictos entre grupos delincuenciales que pelean las zonas para la extracción ilegal de combustible en los municipios del sur. 

Sin duda se trata de un problema sistemático: por un lado, como lo han señalado organizaciones civiles, la responsabilidad recae en los partidos políticos que carecen de procedimientos de selección de candidatos sin precedentes de violencia de género, corrupción o vínculos delincuenciales; a esto se suma la costumbre política de ver los cargos públicos como una empresa privada, idea arraigada por la falta de transparencia y rendición de cuentas cobijada por la impunidad. 

Sin embargo, todo esto no podría entenderse sin señalar las fallas del sistema fiscalizador y de responsabilidad administrativa que recae en el Congreso del Estado. 

El poder Legislativo tiene la facultad de dirimir los conflictos internos en los municipios y, sobre todo, transparentar el uso del dinero público y vigilar la función de los presidentes a través del juicio político. Lo malo es que las legislaturas han acostumbrado a los alcaldes a resolver conflictos sociales y gubernamentales con acuerdos políticos y personales. 

En esta circunstancia, es necesario que los poderes estatales dialoguen con los presidentes municipales lejos del ámbito político-partidista, apliquen las acciones y normas a las que están facultados y logren, en primera instancia, transparentar y rendir cuentas a la población, a fin de mantener la paz social.  
 
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