Emite CNDH recomendación al gobierno de Tlaxcala para investigar asesinato de migrante y agresiones
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Tlaxcala, Tlax.
14/Nov/2019

ESTADO
 

Iván Muñoz


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 98/2019 dirigida a los gobernadores Marco Antonio Mena Rodríguez y Alfredo del Mazo, y a las fiscalías estatales de Guanajuato y Querétaro por violar los derechos a la seguridad jurídica, la vida y la integridad de migrantes en el periodo 2015-2018. 


En el caso de Tlaxcala, la CNDH señala que se recibieron quejas sobre el homicidio de un migrante en 2015 cuando “garroteros” del tren que va a Apizaco dispararon contra un grupo de "indocumentados" que viaja en lo vagones, "pegándole en el pecho a un (nicaraguense) quien ya sin vida cayó sobre el mismo vagón boca abajo".


Otro caso refiere que en diversas fechas de 2016 y 2017 la PGJE recibió denuncias por lesiones contra migrantes en San Andrés Buenavista y San José Tetel cuando grarroteros en diversos meses de 2016 dispararon contra un grupo de migrantes provocando lesiones. 


Tras recoger las evidencias de los casos y las investigaciones radicadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la CNDH decidió emitir la recomendación 98/2019 con cuatro puntos recomendatorios para que las autoridades garanticen a las víctimas el acceso a la justicia debido a que, o bien, han tardado en investigar o no lo han hecho. 


Entre las recomendaciones destaca que en un plazo de seis meses las autoridades locales deben “realizar un estudio técnico-jurídico de cada una de las Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación, Actas Circunstanciadas y Actas de Hechos radicadas en la Procuraduría de Tlaxcala, con la finalidad de que se agilice la investigación de aquellas que se encuentren en trámite y se valore la reapertura de aquéllas que se encuentren en reserva o archivo temporal”, a fin esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes. 


Del mismo modo, recomienda iniciar procesos administrativos contra los funcionarios y agentes que obstruyeron el acceso a la justicia. 


Las dos últimas recomendaciones son para que el gobierno del estado diseñe y lleve a cabo cursos de capacitación dirigidos a agentes de ministerio público sobre derechos humanos y preservación de pruebas, y asigne a un funcionario que de seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios.

 
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