Predicciones y escenarios para América Latina en 2020
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Tlaxcala, Tlax.
18/Ene/2020

PLANETA
 

OPINIÓN

Nuestra América, esa utopía de José Martí, es hoy una realidad convulsa que posee, sin embargo, una enorme riqueza de recursos, una inacabable y acaso más poderosa fortuna en la multiplicidad de sus culturas y raíces, y una extensión geográfica, en conjunto, mayor que la de Rusia o Canadá. En esta década que comienza, el principal desafío que enfrenta América Latina es su división. No me refiero sólo a las fronteras, sino a las divisiones internas: diferencias ideológicas y de clase, discrepancias sobre el papel de la religión y el Estado laico en la vida pública, los abismos que imponen el racismo y el machismo en la práctica, e incluso posiciones antiéticas –como el individualismo feroz que han asumido como credo los narcos mexicanos o el maniqueísmo de los “ciudadanos de bien” brasileiros–, que resultan incompatibles con el desarrollo de proyectos amplios e incluyentes.

Aunque hacer predicciones para el año que comienza puede parecer absurdo, debido a la disparidad de los momentos políticos y a la historia única de cada una de nuestras naciones, se pueden hacer algunas apuestas seguras, si se toman en cuenta las circunstancias recientes y los conflictos pasados. Por ejemplo: en un contexto de calentamiento global y crisis del capitalismo, lo más previsible es un recrudecimiento de la intensa lucha por el poder entre partidos, gobiernos, empresas y medios de comunicación, y la tentativa de los movimientos populares, las comunidades indígenas, los colectivos, las ONG y las asociaciones civiles por resistir o incidir en esa lucha.

Más que una polarización entre la izquierda o la derecha, el verdadero enfrentamiento se dará entre grupos nacionalistas y progresistas –capaces de entender las transformaciones que deben emprenderse para asegurar la paz, el bienestar y la supervivencia colectiva– y grupos conservadores o subordinados al capital y los intereses extranjeros –que a partir de la defensa de su propia agenda y con el pretexto de sus posiciones morales, se empeñen en mantener el colonialismo del status quo–. Por mi parte, soy escéptico a la idea de que los primeros existen dentro de las diferentes corrientes de derecha latinoamericanas, pero tampoco soy tan ingenuo como para pensar que toda izquierda carece de los segundos.

Los intereses extranjeros a los que me he referido no son, como algunos idiotas querrían hacernos creer, “el comunismo cubano” o el “chavismo bolivariano”, sino las potencias y las trasnacionales que tienen un poder real, militar o económico: Estados Unidos, Rusia, China; las compañías mineras canadienses como Goldcorp; las gigantescas petroleras como Shell, Exxon, Chevron o British Petroleum. La disputa de esos poderes por los recursos naturales latinoamericanos –el petróleo venezolano o el litio boliviano–   continuará al grado de cooptar gobiernos, asesinar líderes sociales y promover la sedición y la agitación social para garantizar la continuidad del modelo extractivista. Esto no quiere decir que toda protesta o manifestación popular ha tenido o tendrá su origen en fuerzas oscuras, sino más bien, en abrumadora medida, en el sentimiento de rabia e inconformidad y las grandes carencias de amplios sectores de la población.

Sea en Haití, Colombia, Bolivia o Argentina, estos sectores, en 2020, continuarán impulsando una transformación a gran escala por medio de las estrategias que puedan encontrar, ya sean pacíficas, como las marchas, o bien con diversos y progresivos grados de violencia, como el cierre de estaciones del metro y el incendio de edificios públicos y privados que vimos en Chile en 2019. La intensidad de estos actos aumentará en la medida en que los grupos con cualquier grado de poder sean insensibles a los urgentes cambios que nuestros países necesitan: mejoras sustanciales en lo social, una política con un giro radical hacia la preservación ambiental, una transformación de las relaciones productivas que no apueste por la precarización del trabajo y la disfrace de “flexibilidad laboral”, así como una reforma del sistema político que concrete las demandas de las movilizaciones masivas.

En 2020, seguiremos asistiendo también a una batalla sin cuartel por el control de las narrativas. La palabra, la vilipendiada palabra de cuyo poder o eficacia se ha dudado tantas veces, tiene hoy en día un papel clave en la definición de qué es lo real. Entre el sesgo imperialista de la CNN, las fake news, las alarmantes cadenas de WhatsApp, los sitios de propaganda disfrazados y los memes en apariencia inocentes pagados por empresarios de los Panama Papers, el periodismo comprometido, el testimonio, la literatura y el análisis del discurso tienen una labor cada más difícil, valiosa e indispensable. La supervivencia de América Latina ante las crisis del futuro dependerá en gran medida de la madurez política y la voluntad de su ciudadanía para informarse, cuestionar sus propios supuestos, salir de las opiniones superficiales y dialogar para encontrar soluciones dejando de lado los apasionamientos. Esto es especialmente necesario en el caso de las clases medias, tan celosas de sus precarios privilegios como vulnerables a la manipulación de las élites.

En la segunda parte de esta columna, que se publicará la próxima semana, analizaremos también la incidencia que las instituciones de seguridad y fiscalización ambiental, así como revulsivos sociales como el feminismo, tendrán en la conformación del panorama latinoamericano en 2020 y el resto de la década. Mientras tanto, se incluyen a continuación algunas predicciones puntuales por país, realizadas, en su mayoría, por estudiantes, egresados y académicos de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana –con sede en Foz de Iguazú, Brasil–, originarios de la nación correspondiente.

Bolivia

Después de la renuncia de Evo Morales y la instauración del gobierno interino de Jeanine Áñez, la discusión política boliviana se centra en crear la narrativa que explique lo acontecido en el mes de noviembre del 2019. Por un lado, los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que lo que atravesó Bolivia fue un golpe de Estado, encabezado por sectores reaccionarios y racistas que, de la mano de los militares, obligaron a renunciar al primer presidente “indígena”. Desde el otro bando, los simpatizantes de la Áñez consideran que se puso fin a la “dictadura” de Evo Morales (por la pretensión de un cuarto mandato) y que se estaría celebrando el retorno a la democracia.

Ambas posturas, que polarizan la experiencia política boliviana, anulan o instrumentalizan los muertos de noviembre que salieron en defensa no de un líder o un partido, sino de los símbolos indígenas (como la Wiphala) que fueron quemados tras la renuncia de Evo Morales. En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto que el 3 de mayo se lleve las elecciones presidenciales.

Hay varias siglas de partidos políticos, de lo que se carece son de líderes legítimos. El Estado Plurinacional parece estar en peligro, sobre todo cuando el partido del MAS (partido deslegitimado en la actualidad por el liderazgo de Evo Morales) es el único, hasta el momento, que maneja el discurso de dar continuidad al proyecto plural. Hasta la fecha, el MAS no encuentra consenso para elegir a su candidato presidencial, hay división en sus filas. Sin embargo, en el bando “democrático” también existe divisiones. Se perfilan como candidatos independientes: Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Fernando Camacho, lo cual pareciera indicar que el siguiente gobierno boliviano será conformado por coaliciones. ¿Cuál será el rumbo del Estado Plurinacional en ese escenario?

Roger Adán Chambi Mayta, maestrante en Estudios Latinoamericanos por la Unila, escribe desde ciudad de El Alto, Bolivia

Brasil

2019 fue un año largo, en que los sucesivos actos y declaraciones del gobierno parecían no tener fin. La popularidad de Bolsonaro cayó hasta estabilizarse alrededor de un 30 % de la población, compuesto por un núcleo duro de ultraliberales, fundamentalistas cristianos y militares. Diversas escisiones ocurrieron en su propio partido, al que abandonó, lo que llevó a una situación inédita en que un presidente intenta construir uno nuevo, tal vez sin tiempo suficiente para las elecciones municipales de 2020.

En este nuevo año, Brasil continuará una intensa guerra de desgaste, donde las instituciones democráticas, las universidades, la prensa, los movimientos sociales y sindicales, además de todo lo que se identifique como “izquierda” –el feminismo, la denuncia del racismo, el indigenismo, el ambientalismo y los derechos humanos– se verá atacado, mientras que las políticas públicas correspondientes, como ahora, serán desmoralizadas y desmanteladas. Bolsonaro prueba cada semana los límites de la Constitución de 1988. Al mismo tiempo, es notorio que no hay una oposición organizada y enraizada en el seno de la población. La izquierda, en conjunto, todavía no sabe organizar y reivindicar a los trabajadores en situación de precarización, una masa de empleos informales que carecen de derechos laborales.

Esa informalidad tiene una forma ideológica bien definida en la figura del “emprendedor”, un sujeto que puede vencer por sí mismo en la vida, sin la mediación de sindicatos o del trabajo colectivo, mientras que el Estado y los impuestos son los factores limitantes reales para su realización plena. Si se considera que casi la mitad de la fuerza de trabajo en Brasil está constituida por trabajadores informales y que los empleos generados de manera posterior a la reforma laboral del gobierno Temer derribaron los salarios, vivimos en un escenario de inflación controlada por la ausencia de consumo de bienes básicos y el aumento de la pobreza extrema.

Para obtener un trabajo y un salario dignos, se requieren políticas que estimulen el crecimiento del salario por encima de la inflación y presión para formalizar la fuerza de trabajo del país. Políticas industriales que descarbonicen nuestra economía –algo que ya se discute bajo el término “Green New Deal”– pueden reorientar nuestra matriz productiva y garantizar resultados a corto plazo. Otro tema urgente es el de enfrentar el agronegocio y la minería. Existe hoy una presión máxima para flexibilizar las leyes ambientales, que van del tránsito libre en las esferas de gobierno, hasta la formación de milicias para asesinar líderes populares e indígenas.

Y por último, está el tema del conservadurismo y el fundamentalismo cristiano, que cuenta con un movimiento amplio y enraizado en el país. Si alguien duda de su fuerza, basta verificar que casi todas las ciudades y los estados que incluyeron el tema de la “ideología de género” en sus asambleas legislativas lo llevaron adelante sin la menor dificultad. Su última frontera es el Poder Judicial; en específico, el Tribunal Superior Federal (STF, por sus siglas en portugués). Hasta 2022, Bolsonaro nombrará a dos ministros, y si fuese reelecto hasta 2026, podría postular a tres más. Su indicación es que los ministros serán “terriblemente evangélicos”. De esa forma, una serie de leyes que el STF considera inconstitucionales podrán aprobarse. 

Lo cierto es que Brasil se encuentra profundamente dividido, sin que ninguna fuerza política consiga imponer un programa. La situación económica “paró de empeorar” con empleos más baratos que se han creado lentamente, pero son empleos. Esta “expectativa de mejora” puede, al menos, estabilizar la administración Bolsonaro y garantizar que se sostenga. Por su parte, la narrativa predominante de la izquierda es recordar con saudade los gobiernos petistas [del Partido de los Trabajadores, que gobernó Brasil desde 2003 hasta 2016], en los que el salario subía por encima de la inflación y las personas podían endeudarse para comprar electrodomésticos, cursar estudios o adquirir una casa propia.

Del mismo modo que en la arena internacional, tampoco hay noticias optimistas que ayuden a la estabilización de Brasil, por lo que todas las cartas están sobre la mesa. Las opciones van desde una revuelta generalizada que le dé oxígeno al país, como en Chile, hasta la consolidación de una vía autoritaria y fundamentalista religiosa, como en Polonia y Hungría.

Lucas Perucci es biológo y militante del Partido Socialismo e Liberdade

Ecuador

En 2019, América Latina demostró que las predicciones políticas y económicas tienen más que ver más con el esoterismo que con la ciencia política. Ningún analista pudo predecir el golpe de Estado en Bolivia, la posibilidad de una Constituyente en Chile, o la sobrevivencia del gobierno de Lenin Moreno en Ecuador. Por esta razón, más que una predicción, lo que puede hablarse de posibles escenarios para el Ecuador de 2020.

El gobierno de Moreno tiene dos objetivos claros. El primero es cumplir con los compromisos asumidos con el FMI (interrumpidos por la revuelta popular de octubre), lo que implica retomar el tema de eliminación de subsidios a los combustibles, acelerar los procesos de privatización tanto de la CNT [Corporación Nacional de Telecomunicaciones] como de las hidroeléctricas, y profundizar el plan de despido masivo de funcionarios públicos para reducir el tamaño del Estado. Un segundo objetivo es hacer todo lo posible para que uno de sus aliados, Jaime Nebot (Partido Social Cristiano), o Guillermo Lasso (Movimiento CREO), se convierta en el sucesor de su gobierno, a fin de garantizar su protección, o mejor, su impunidad, una vez fuera de Carondelet [sede del gobierno ecuatoriano].

En consecuencia, los primeros meses del 2020 serán meses de resistencia, lucha y revuelta popular, pero también de represión, abuso de poder y violación de los derechos humanos. La adquisición de trajes estilo “robocop” para la policía y el Ejército es una prueba de que la represión será mucho más severa que en octubre. El resultado de ese nuevo ciclo de protestas dependerá del número de ciudadanos comprometidos con un cambio en la política económica del gobierno y de la fuerza del movimiento indígena y los movimientos sociales.

Con una contundente presión popular, es posible obligar al Congreso a decretar la “muerte cruzada”: facultad jurídica, contemplada en la Constitución ecuatoriana, que permite a la Asamblea Nacional destituir al presidente de la República, o permite al mandatario disolver el Congreso; en ambos casos se llamará a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta opción es posible sólo dentro de los tres primeros años de gobierno, es decir, hasta el mes de mayo del 2020. Para que sea una alternativa, es necesario primero un consenso dentro de las fuerzas de resistencia popular. El cálculo político de los diferentes sectores de izquierda (especialmente el correísmo, que no quiere dejar de depender de su líder carismático, y el movimiento indígena, enfocado en tener por fin una posibilidad real en la elección presidencial del 2021) vuelve improbable dicho consenso, por lo que la muerte cruzada es una posibilidad difícil.

El gobierno de Moreno, gracias al apoyo de los medios de comunicación y a su alianza de partidos, ha podido salir bien librado de una de las más fuertes protestas sociales del siglo XXI. Está por verse si esta alianza no se desvanece una vez que se apliquen nuevamente las medidas económicas del FMI suspendidas en octubre. Puesto que Moreno está de salida, está dispuesto a cargar con el peso del rechazo y odio popular para que sus sucesores no tengan que hacerlo.

El 2020 es definitivamente un año impredecible, pero el 2021 no lo será tanto si el correísmo insiste en el personalismo, sabiendo que el sistema de justicia está secuestrado y no permitirá la candidatura de Rafael Correa. Lo que se espera es análogo a lo ocurrido en Brasil: la insistencia en la candidatura de Lula, sabiendo que el Poder Judicial estaba tomado por las fuerzas reaccionarias de extrema derecha, restó tiempo para promover la candidatura de Fernando Haddad; la elección de Bolsonaro fue el resultado. Si se comete el mismo error en Ecuador, probablemente Jaime Nebot sea el nuevo presidente en 2021.

Por otro lado, si el correísmo y el movimiento indígena están dispuestos a dialogar y construir una alianza progresista nacional para sacar un candidato único en 2021, es posible que se pueda detener el avance del neoliberalismo en el país, como lo hizo Argentina con la candidatura y elección de Alberto Fernández, uno de los más duros críticos del kirchnerismo.

Diego Alarcón es abogado, internacionalista, licenciado en ciencias políticas, especialista en derechos humanos y cursa actualmente la maestría en Integración Regional en la Unila

Haití

"Bon lane!", "Bonne année!", Feliz ano novo!", "Feliz año nuevo!", "Happy new year!". Tal es, por conveniencia, el deseo de todos en 2020. Además de paz, se espera tener prosperidad, tal vez una longevidad saludable, un nuevo estilo de vida, un empleo más digno. Sin embargo, en los países desarrollados, algunos deseos pueden concretarse con mayor facilidad que en los países empobrecidos. ¿Cuáles son las posibilidades de que esos deseos se cumplan en Haití, un país cuya pobreza muchas veces alcanza la miseria extrema, debido a sus sempiternos disturbios políticos, ambientales y en consecuencia, económicos?  Históricamente, el Estado haitiano y la comunidad internacional representan la principal fuente de violencia y arbitrariedad que corroen la dignidad del pueblo de este país. El año pasado (2019), generó varias paralizaciones que ocasionaron muchos daños desde el punto de vista constitucional, en específico en la organización de elecciones.

En consecuencia, desde el 13 de enero de 2020 habrá legalmente un vacío institucional en Haití, donde el mandato de los diputados de la L legislatura, así como el de 10 senadores de la República, llegará a su fin sin que la LI legislatura entre en funciones para sustituir a la precedente. Por tanto, no habrá un gobierno legítimo en el país para encarar los problemas mencionados.

Mientras tanto, en 2020 se impondrá una realidad cada vez mayor. La debilidad estructural del aparato productivo se manifestará en el sector agrícola: habrá una precarización del mundo rural (una expulsión del campesinado rumbo a las grandes ciudades, lo que hará crecer las favelas, o bien hacia el extranjero, hacia los campos de refugio, la urbanización salvaje y, por fin, la precarización total de la vida). Se manifestará también en un sector industrial ya deficiente y en el lugar excepcional del sector informal en el panorama económico.

Víctima de una corrupción endémica y de la degradación de los derechos y las condiciones de vida, en el imaginario social del pueblo haitiano migrar siempre ha sido y será un símbolo de prosperidad y oportunidades. En muchos casos, esto representa un pensamiento ilusorio. Así, mis deseos para el 2020 a todos los haitianos son: “¡Feliz Año Nuevo, feliz lucha (resistencia) y feliz migración!”.

Wendy Ledix, higienista por la Unila, estudia actualmente la maestría en Salud Pública en la Universidade de São Paulo (USP)

Perú

El Perú no ha sido ajeno a las convulsiones históricas y actuales del continente y no lo será en la medida en que no se reconozca como parte del bloque latinoamericano.  Todos los análisis prospectivos posibles se maquillan y sustentan bajo el cliché independentista del Bicentenario de la Independencia. Sin embargo, en la actualidad, la incertidumbre deslumbra en el Perú.

Las acciones políticas de Martín Vizcarra, el presidente actual, van desde la lucha frontal contra la corrupción, hasta la disolución del Congreso. Sus acciones restaurativas de la democracia son, en la medida razonable, más compatibles con las demandas sociales, pero no dejó de lado las peticiones transnacionales y liberales que lo conectan con su moral real. El voto de confianza es una figura peculiar de su gobierno, a través de la cual el Ejecutivo consulta al Legislativo sobre temas que se estimen convenientes. Así, en la constante negativa por parte del Congreso ante la reforma de justicia, se declara la incapacidad temporal y este, por tanto, es disuelto.

Actores políticos convencionales pondrán en duda la verdadera reforma, fragmentaciones políticas de todo color surgen y continuarán surgiendo sin orientaciones siquiera definidas. Son movimientos nacientes y oportunistas que surgen de vestigios tradicionales y se proponen como cura ante la dolencia nacional, de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, ante esta mera dialéctica, también tomarán protagonismo los “otros” nuevos movimientos, poco ortodoxos, que luchan exhaustivamente para reafirmar una resistencia. Se trata de movimientos sociales, sociedades de base, comunidades indígenas, que toman la batuta. Más que democracias, proponen demo-diversidades; no sólo estados nacionales, sino plurinacionalidades autónomas y autodeterminadas; no son solo ciudadanos políticos, sino homo sacer. En ello se abrillanta y se da esperanza al futuro devenir peruano.

Cliver Ccahuanihancco Arque es abogado y antropólogo graduado en Perú, defensor de los derechos humanos y maestro en Estudios Latinoamericanos en Brasil.

Venezuela. 

Durante el año 2019, Venezuela experimentó una inflación estimada de 200.000%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (con tendencia de aumentar a 500.000%, aproximadamente, en 2020). Esto es el reflejo de una economía que ha destruido su propia moneda corriente y donde la sociedad civil busca mecanismos propios para protegerse del incesante aumento del costo de vida. Frente a la debilidad y pérdida de funciones del bolívar como moneda, hecho sumado a la insuficiencia de las alternativas presentadas por el gobierno (como su criptomoneda, el petro), la dolarización indirecta ha surgido como un camino de escape.

Cabe destacar que en Venezuela existe un rígido control de cambio desde el 2003 (lo que impide operaciones como la compraventa de moneda extranjera a personas naturales); sin embargo, el país hoy presenta un 54 % de sus transacciones comerciales internas en moneda extranjera, cifras que llegan al 80 % en los estados fronterizos (datos aproximados de Ecoanalítica). Para el año 2020, se espera que esta situación se generalice de forma aguda en el país, pues viene siendo la alternativa más viable para los ciudadanos. Paradójicamente, a pesar de su posición antiestadounidense, el Estado mostró señales de considerar la dolarización como una válvula de escape. Esto parece más el acto de asumir un hecho inminente impulsado por los mismos ciudadanos, pero que a final de cuentas sería casi imposible de revertir de manera oficial bajo la actual gestión del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Hugo Chávez], en primer lugar porque sería contradictorio y en segundo debido a las sanciones económicas de EE. UU.

Carla Contreras, feminista y estudiante de Ciencias Económicas de la Unila

Enrique Padilla es escritor, traductor, maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana (México) y especialista en derechos humanos en América Latina por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Brasil).

 
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