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Viola MGZ la ley al modificar anteproyectos de presupuestos de poderes y órganos autónomos

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18/Nov/2016
Como ha sucedido en los últimos años con la entrega de su iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos, el gobernador Mariano González Zarur violentó una vez más la ley al modificar los anteproyectos de presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial, así como de cinco organismos autónomos, pues lo único que debió haber hecho fue integrarlos a su iniciativa entregada el pasado martes al Congreso del estado. 

Y es que el segundo párrafo del artículo 276 del Código Financiero establece que “los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos con base en las previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán sus respectivos anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados, respetando los plazos que para estek proceso señala este código, a efecto de que se integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y aprobación”. 

El poder Judicial, que se aprobó un anteproyecto de 195.4 millones de pesos, vería incrementado su presupuesto en 2017 al alcanzar 198 millones, de acuerdo con la cifra del Ejecutivo. 

Mientras al poder Legislativo, que se aprobó para sí un presupuesto cercano a los 240 millones de pesos, el titular del Ejecutivo le propuso 191.1 millones de pesos.
A su vez, al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) el gobernador le propuso apenas 50 millones de pesos, de los 108.9 que aprobó como anteproyecto de presupuesto. 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, ejercería el próximo año mismo presupuesto de 2017, es decir, 94.4 millones de pesos, contrario a los 139.7 millones de pesos que aprobó en su anteproyecto de presupuesto. 

Por su parte, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que aprobó un anteproyecto de presupuesto de 24.3 millones de pesos para ejercer durante 2017, quedó en la iniciativa del Ejecutivo en 19.8 millones de pesos. 

A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) vería incrementado su presupuesto en apenas 700 mil pesos, pues de los 19.3 millones de pesos que le fueron aprobados para este año, tendría en 2017 un total de 20 millones de pesos. 

El anteproyecto que este organismo presentó al Ejecutivo fue de 20.3 millones de pesos.
Asimismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP) tendría en 2017 un presupuesto de 11.4 millones de pesos, cifra a la baja comparado con los 13.2 millones de pesos que aprobó en su anteproyecto de presupuesto. 

Este año al Instituto le fueron aprobados 10.9 millones de pesos.
Sólo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) le fue respetada su propuesta presentada, que finalmente quedó en 8.3 millones de pesos, apenas 300 mil pesos de la aprobada para este 2016. 

Cabe recordar que el año pasado, el diputado Santiago Sesín Maldonado propuso al Pleno del Congreso del estado regresar la iniciativa de presupuesto al gobernador Mariano González Zarur por violación al Código Financiero, situación que no fructificó por un acuerdo entre las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

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EDITORIAL

Reemplacamiento obligado

El reemplacamiento que pretendió imponer el gobierno anterior en el año 2015 fue desechado ante la imposibilidad de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, Secretaria de Planeación y Finzanzas y de la Consejería Jurídica para encontrar el fundamento legal que lo permitiera y por ende el cobro de un impuesto más a los dueños de vehículos.

Por tal motivo el congreso del estado no autorizó el presupuesto para comprar esas placas. 

Se exhibió en el pleno del congreso local que ninguna norma estatal y mucho menos federal autoriza ningún remplacamiento vehicular ni siquiera cada sexenio. Con todo y esto el exgobernador puso en marcha dos canjes de placas irregulares en su periodo. 

Tema aparte fue el negocio que ya se había realizado con la empresa que imprimió las placas, las cuales ya se habían entregado en forma adelantada aún sin contar con el presupuesto aprobado por el congreso . 

En ese momento tanto el actual gobernador como el ex secretario de gobierno y seguro presidente del PRI, fungían como diputados y conocieron del asunto que escaló al dominio público. 

El actual titular de la Coordinación General de Ecologia no fue ajeno a este debate pues en la anterior legislatura fungía como secretario técnico del diputado del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto está claro que conocen que los cobros por reemplacamiento no tienen fundamento legal.

Por ello, se concibe que ahora pongan como condición a los propietarios de vehículos un cambio de placas obligatorio para que puedan ser verificados sus automóviles. 

Se ha generado un daño irreversible a la economía de los tlaxcaltecas quienes han realizado el pago, a quienes se les ha impuesto una multa por el retraso en la verificación y a los que han caído en manos de los coyotes para afiliar los trámites.



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Tlaxcala, Tlaxcala.
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