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Presentan iniciativa para tipificar el delito de Feminicidio; se va a la congeladora

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18/Nov/2016
La diputada perredista Eréndira Jiménez Montiel presentó este jueves al Pleno legislativo diversas reformas al Código Penal para tipificar el delito de feminicidio. 

Con este proyecto pretende reformar los artículos 229, 229 BIS y 229 TER del Código Penal, a fin de lograr una definición específica y superar las imprecisiones técnicas que han propiciado que los actos de odio que privan de la vida a las mujeres no sean considerados feminicidios. 

"En realidad, en el citado Artículo 229, no existe una definición concreta del delito de feminicidio, pues lo que dicho Artículo establece es una definición sujeta a las diferentes circunstancias o hipótesis enumeradas en las cinco fracciones que contiene y que hacen presumir la existencia del delito." 

El feminicidio no es únicamente la privación de la vida de una mujer, ha dicho en el Pleno la diputada perredista, pues con ello se considera de manera abstracta que cualquier asesinato de una mujer es feminicidio y, en este supuesto, no tendría ningún caso establecerlo como delito especial, ya que entonces la privación de la vida de una mujer configuraría al feminicidio solo por el hecho de que la sujeto pasivo es mujer. 

Ante tales limitantes que suelen confundir el feminicidio como homicidio doloso y, por lo tanto, ocultarlo como feminicidio, Jiménez Montiel ha propuesto las reformas a fin de adecuarlas a la definición más precisa de Diana Russel y Jane Caputi: “el feminicidio es el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”. 

Las precisiones que se integran al delito de feminicidio supera encausar la acción a uno de los supuestos o exclusivamente cuando la conducta del sujeto activo sea motivada por el odio, la aversión obsesiva, la discriminación el dominio y la explotación de la mujer. 

En caso de dictaminarse y aprobarse quedaría del siguiente modo:
"Artículo 229. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando la conducta del sujeto activo sea motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación, dominio o explotación hacia la mujer por la condición de su género, siempre que concurra uno o más de los supuestos siguientes:

"I. La víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento;
"II. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile a la pasivo o el cadáver de ésta;
"III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro, del sujeto activo en contra de la víctima;
"IV. 

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia, o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; o
"V. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.
"Artículo 229 bis. A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta a setenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental; afectiva; de confianza; de parentesco por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, o colateral consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el cuarto grado; laboral; docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario.
"Artículo 229 ter. Además de las sanciones descritas en el artículo anterior, el sujeto activo será condenado a la pérdida de los derechos que le asistieran con relación a los bienes o patrimonio de la víctima, al momento de cometer el delito; así como los que hubiera tenido respecto a su persona, si no se consumare, quedando en tentativa. 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos."
La propuesta fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictaminación.

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EDITORIAL

Reemplacamiento obligado

El reemplacamiento que pretendió imponer el gobierno anterior en el año 2015 fue desechado ante la imposibilidad de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, Secretaria de Planeación y Finzanzas y de la Consejería Jurídica para encontrar el fundamento legal que lo permitiera y por ende el cobro de un impuesto más a los dueños de vehículos.

Por tal motivo el congreso del estado no autorizó el presupuesto para comprar esas placas. 

Se exhibió en el pleno del congreso local que ninguna norma estatal y mucho menos federal autoriza ningún remplacamiento vehicular ni siquiera cada sexenio. Con todo y esto el exgobernador puso en marcha dos canjes de placas irregulares en su periodo. 

Tema aparte fue el negocio que ya se había realizado con la empresa que imprimió las placas, las cuales ya se habían entregado en forma adelantada aún sin contar con el presupuesto aprobado por el congreso . 

En ese momento tanto el actual gobernador como el ex secretario de gobierno y seguro presidente del PRI, fungían como diputados y conocieron del asunto que escaló al dominio público. 

El actual titular de la Coordinación General de Ecologia no fue ajeno a este debate pues en la anterior legislatura fungía como secretario técnico del diputado del Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto está claro que conocen que los cobros por reemplacamiento no tienen fundamento legal.

Por ello, se concibe que ahora pongan como condición a los propietarios de vehículos un cambio de placas obligatorio para que puedan ser verificados sus automóviles. 

Se ha generado un daño irreversible a la economía de los tlaxcaltecas quienes han realizado el pago, a quienes se les ha impuesto una multa por el retraso en la verificación y a los que han caído en manos de los coyotes para afiliar los trámites.



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